Redacción El Observador
Cerca de ¢78.000 millones se malversaron entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 por la red de corrupción que fue desmantelada esta mañana, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según explicó Wálter Espinoza, director de la policía judicial, se malversaron fondos que se dirigían a alimentar “de manera irregular proyectos de obra pública tomando dinero de otras partidas”.
¿Cómo operaba esta “red criminal” así catalogada por las autoridades judiciales? Espinoza explicó que la primera hipótesis de trabajo fue que se entregaban coimas (pagos indebidos) a funcionarios a cambio de ventajas para ciertas empresas.
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Entonces, lo que se presume es que movían dineros de otros programas para estos proyectos en los cuáles algunos funcionarios obtenías ventajas personales. Ahí es donde señalan que en el período de investigación que comprende 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 “generan un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”.
Espinoza dijo que se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y además se involucró personal de otras instituciones.
72 personas en la mira
El OIJ informó que tiene previsto detener hoy 32 personas. De ellas 19 son de empresas públicas y 13 particulares que trabajan en empresas privadas, o son sus dueños, y “se beneficiaron de este esquema irregular ilícito”.
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Pero advirtieron que hay 40 personas más involucradas y que esperan cercar la investigación con celeridad para llegar a un total de 72 personas.
En los operativos de esta mañana participaron 700 agentes judiciales en 57 allanamientos que buscan incautar prueba documental.
Entre las personas involucradas ene este escándalo, está el principal asesor del Presidente de la República de apellido Saldarriaga. También representantes de empresas constructoras, entre otros.
Espinoza explicó que se trata de uno de los operativos más “ambiciosos” que se han realizado en los últimos meses.
Explicó que busca establecer la comisión de varios delitos, entre ellos:
- Cohecho
- Peculado
- Pagos irregulares de contratos administrativos
- Tráfico de influencias
- Malversación de fondos
- Asociación ilícita
- Estafas
- Falsedad ideológica.
Reacción legislativa
Los legisladores de oposición enfilaron sus señalamientos hacia el Gobierno al mando del Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación que se abanderó de la ética en la función pública.
Renuncias es lo que espera Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC, justamente por la ética que ha pregonado el PAC.
“Creo que al final esto pone en vilo a institucionalidad costarricense”, puntualizó.
Por su parte, el independiente Jonathan Prendas catalogó al gobierno actual como el más corrupto de la historia.
Para la socialcristiana Shirley Díaz ya nada sorprende en la administración actual. La diputada reaccionó molesta por tratarse de un segundo allanamiento en Casa Presidencial en el Gobierno actual.
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El Gobierno emitió una breve declaración.
Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando. (Esto) en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación.
Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas.
En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan.
Casa Presidencial, otra vez allanada
Este es el segundo allanamiento que se realiza en Casa Presidencial en lo que va de la administración de Carlos Alvarado.
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad, que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial. El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
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El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto, entre otros.
