Tomás Gómez
Luis Salazar, el exasesor legal de Casa Presidencial que redactó el polémico decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que tantos dolores de cabeza le está dando al Gobierno, anuncio que estudia emprender acciones “penales y legales”contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Crespo presentó el viernes anterior los resultados de la investigación que hizo la Defensoría de los Habitantes por el caso UPAD donde se concluyó que a través de esa estructura, la Presidencia de la República tuvo acceso a datos sensibles de la población.
“Un “informe” poco serio que no duró ni 5 días elaborando, llegó a conclusiones incorrectas, basadas en información falsa y pésimamente malinterpretado”, alegó Salazar.
“Una defensora de los habitantes que pasa por encima de derechos fundamentales es alarmante. Con mis abogados estudiaré las acciones penales y legales en su contra”, agregó.
Hasta el momento, Salazar es el único involucrado en el escándalo que ha dejado su cargo, aunque seguirá siendo el delegado para temas LGBTI ad honorem. Él junto a Diego Fernández, fueron los encargados de redactar el decreto de creación de la UPAD que se derogó el mismo día que fue publicado en el diario Oficial La Gaceta.
Detás del decreto
El escándalo por la Unidad de Datos de Casa Presidencial estalló precisamente cuando se dio a conocer el citado decreto que en su artículo 7 establecía que las instituciones públicas estaban obligadas a facilitar información confidencial.
Además, se indicaba que el Ministerio de Planificación había aprobado crear la oficina, cuando en realidad dicha solicitud fue denegada desde el año anterior.
Salazar fue incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía por este caso y tanto su oficina como su casa de habitación estaban incluidas en las órdenes de allanamiento.
Junto a él aparecen investigados el mandatario Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
También son investigados los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, así como la jefa del despacho presidencial, Felly Salas.
