Hermes Solano
La gran discusión que se dará una vez los diputados regresen a sus funciones en la Asamblea Legislativa es sobre la aprobación o no del plan de referéndum de la ley jaguar, presentada por el Poder Ejecutivo.
Se está a la espera de si la Sala Constitucional admite o no la consulta facultativa presentada por los diputados de la fracción del Liberal Progresista, junto a varios de Liberación Nacional.
Esa decisión de los magistrados definirá el camino. Si no lo admiten, se deberá votar en el Plenario; si lo hacen, el trámite se suspende hasta que haya una resolución sobre el fondo.
Llevar la ley jaguar a consulta ciudadana requiere del voto mínimo de 29 diputados; hasta ahora, habría 26 votos fijos.
Esos apoyos vendrían de los ocho diputados del oficialismo que lidera Pilar Cisneros; siete más de la fracción del PUSC, que ya dejó en claro su apoyo a la iniciativa.
Solo resta saber la decisión que tomen Vanessa Castro y Carlos Felipe García, quienes se salieron “del saco” en otras decisiones, como la elección del presidente de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo.
A esos 15 votos se sumarán los seis de la bancada de Nueva República, también a favor del referéndum.
Los otros cinco votos que estarían a favor de que se dé la consulta ciudadana llegarían de Liberación Nacional.
La fracción verdiblanca, según lo confirmó el jefe Óscar Izquierdo, tiene libertad de decisión respecto a si apoya o no el referéndum. Aunque no es oficial, se especula que Carolina Delgado, Joaquín Hernández, Rosaura Méndez, Gilberth Jiménez y Luis Fernando Mendoza estarían a favor.
Tres más
Con ese conteo preliminar, se requieren tres votos más para que avance la iniciativa y la Asamblea Legislativa envíe el proceso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por ahora, la mayoría de los diputados de Liberación Nacional, junto a los del Liberal Progresista y el Frente Amplio tiene dudas respecto a la constitucionalidad de la ley jaguar y por eso han presentado las consultas facultativas a la Sala Cuarta.
La propuesta lo que busca es reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que le quitaría facultades fiscalizadoras a ese ente; también reformar el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa y por último, reformar la Ley Orgánica de Japdeva.
Esos dos últimos tienen como fin facilitar la construcción de Ciudad Gobierno y de la Marina en Limón, frenados precisamente por el ente contralor.
Además de esas bancadas, hay legisladores más que todavía tienen para sí la decisión a tomar; Castro y García del PUSC, así como Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático.
También las dos diputadas independientes: Gloria Navas y María Marta Padilla.
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La Asamblea vuelve a funciones el 8 de julio. (Foto Archivo/El Observador)
Esperar decisiones
Los diputados volverán a sus funciones el lunes 8 de julio. Hasta ahora, los magistrados de la Sala no han informado si le dieron admisibilidad a la consulta presentada por los liberales el pasado 27 de junio.
Esa decisión es trascendental para que los diputados definan el paso a seguir.
Si es admitida la consulta, se suspende el proceso hasta que la Sala resuelva por el fondo si el proyecto es inconstitucional o no.
En caso de que rechacen la consulta -como lo hicieron la primera vez ante consulta del PLN- los legisladores esperarán el informe completo y una vez llegue deberán someter el plan a votación.
Si tiene los 29 votos se envía al TSE para que siga su curso; si no, se archiva y ahí muere la posibilidad, por lo que solo quedaría viva la ciudadana, que también ya está en consulta en la Sala Constitucional.
