Juan Pablo Arias
La iniciativa de ley Nº 21.369, que aborda reformas a los derechos de los consumidores, es un compendio de viejos proyectos que pasaron por la Asamblea Legislativa y normas que se usan en otras latitudes, admitió el diputado Welmer Ramos, proponente del texto.
Se trata de una modificación a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, propuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que ingresó a la corriente legislativa a finales de abril y ha recibido cuestionamientos de expertos en Derecho de Consumo y representantes del sector comercial.
Entre las principales críticas que recibió el proyecto, se mencionó un abordaje inconveniente de las infracciones y la ampliación de derechos de manera arbitraria.
El proyecto tampoco recibió el visto bueno de las organizaciones de consumidores, pues consideran que no se les consultó sobre temas relevantes y profundiza en áreas que no son necesarias.
Ramos, quien fue ministro de Economía, concedió una breve entrevista a El Observador, en la que explica la creación de este polémico proyecto.
P: El proyecto de ley, presentado por usted, busca ampliar la protección a los consumidores. Pero este proyecto lo han criticado abogados expertos en Consumo, los empresarios y las asociaciones de consumidores. ¿Se hizo algún tipo de consulta con las partes afectadas antes de presentarlo en el Congreso?
R: Un proyecto de ley como este se construye en la base con la experiencia de especialistas que tiene Costa Rica en ese campo y así lo hicimos, con base en proyectos anteriores sobre el mismo tema que fueron presentados en la corriente legislativa y que fueron consultados a todas las partes.
Además, hicimos una dinámica de legislación comparada con países como Chile, Perú, Argentina, México, Colombia, España y países de la OCDE (…) Con ese acopio de información elaboramos un texto para que actualizara la ley.
P: Entre las principales críticas que se hacen a ese proyecto es que hay aumentos de plazos y obligaciones, pero no se explica técnicamente de dónde salen las nuevas cifras. Por ejemplo, la fórmula de la tasa de usura, o la ampliación de la garantía de 30 días hábiles a seis meses. ¿Cómo se calcularon estos nuevos parámetros?
R: Eso es lo que tienen los países consultados. Esto lo que viene es a darle la posibilidad a los consumidores de que puedan reclamar cuando tengan un problema con su compra al cabo de un par de meses. Que ellos también tengan derecho a reclamar.
Es un proyecto de ley para que sea discutido, para que sea trabajado entre las partes. Esto no es una imposición. Todo el proceso legislativo es transparente y de consulta donde las partes pueden señalar las disconformidades y el proyecto puede mejorarse, para que sea potable socialmente.
P: Las asociaciones de consumidores creen que los cambios se hicieron a la ligera y no representa sus necesidades, como procesos más rápidos, mayor transparencia de cara al consumidor y una rápida indemnización. ¿Qué opina usted?
R: Eso está contenido en el proyecto. Las asociaciones de consumidores serán consultadas durante el proceso. Ellos han expresado en proyectos similares sus posiciones y estas han sido recogidas en el proyecto, pero todo eso puede ser modificado y adecuado en el proceso de trámite actual.
Sí creo que urge darle a los consumidores la protección necesaria. Hoy en día, cuando son sujetos de cláusulas abusivas o de algún daño colectivo tienen que pelear sus derechos de manera individual con costos altísimos. El proyecto viene a facilitar que haya querellas colectivas y que puedan ser representados por la Comisión Nacional del Consumidor. También cuando hay cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que puedan ser anuladas.
Colaboró el periodista Esteban Mata.
