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Registros LGBT propuestos por el gobierno generan recelo

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El uso que se le dará a los datos, la eficacia de su recolección y los riesgos potenciales, son parte de las dudas que diferentes voces externan sobre la idea del gobierno de recoger datos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de la población.

El pasado 17 de mayo, el Gobierno conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia firmando la Directriz 47-P, en la que instruyó a las instituciones públicas a recabar información sobre la orientación sexual y la identidad de género de las personas.

Aunque el gobierno insiste en que la recolección de datos es voluntaria y confidencial y que la información es necesaria para mejorar las políticas públicas dedicadas a la población sexualmente diversa, la legalidad y la efectividad de la medida están bajo la lupa de varios sectores.

Riesgos y cuidados

“Creemos que existe una connotación muy peligrosa. No sabemos cómo se va a manejar esa lista, aunque el Presidente diga que esa lista es para proteger a la población LGBTI, ante una discriminación, esto se puede prestar para que los expongan a un peligro tanto a un grupo como al otro”, señala la abogada Eugenia Quesada.

La especialista destaca que desde su punto de vista la disposición viola el artículo 28 de la Constitución Política pues la preferencia sexual no es materia susceptible de ser abordada por la ley.

La jurista insiste también en que el Código Penal ya incluye sanciones contra la discriminación y la violencia y que no se puede ampliar el marco de sanciones en virtud de una minoría.

“Las ofensas ya están contempladas como una contravención y está el delito de ofensas graves. Ya hay una tipificación de esa conducta de forma general”, agregó Quesada.

Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista Manrique Jiménez indicó que no ve roces constitucionales en el proyecto, en especial porque la entrega de los datos es voluntaria, sin embargo, planteó escenarios vulnerables.

“El problema vendría si la información se usa para fines contrarios”, destacó. Agregó también que en todo momento la normativa de este tipo debe respetar la discrecionalidad y justificar las conductas administrativas.

¿Qué dice el sector LGBTI?

Marco Castillo, abogado y activista del colectivo LGBTI consideró que la medida se quedará corta pues siempre habrá un subregistro.

“Por más confidencial que sea el encuestador muchas personas no van a querer decir su orientación sexual o su identidad de género”, destacó Castillo. “La sociedad es más abierta pero aún hay mucha gente que podría tener problemas”, agregó.

“La cantidad de personas no importa para que los derechos sean concedidos, por eso yo personalmente nunca he insistido en que se haga un cómputo”, concluyó el activista.

Según la directriz de Gobierno, las diferentes entidades del Estado deberán incluir en sus formularios y demás documentos un apartado que registre la orientación sexual de los usuarios, cuando estos así lo requieran.


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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