Paulo Villalobos
Las partidas que las entidades estatales pretenden para el otro año deberán reducirse en al menos ¢80.000 millones y así ajustarse con la regla fiscal.
En entrevista con El Observador, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reveló la necesidad de recortar las pretensiones para que el Presupuesto Nacional de 2020 cumpla con la herramienta de contención.
La regla, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, limita el crecimiento del gasto corriente del entramado público, al de la producción y la carga de la deuda del Gobierno Central.
Para el otro año, el gasto corriente (que incluye transferencias, remuneraciones, intereses y otros) tendrá un tope de crecimiento de 4,67%.
“Estamos revisando las peticiones, la suma de los presupuestos… al día de hoy, para ajustarnos (a la norma) tenemos que reducir en ¢80.000 millones los presupuestos”, manifestó la jerarca.
De hecho, la cifra podría incrementar a ¢100.000 millones, dependiendo de si se consigue o no una autorización de la Asamblea Legislativa para emitir bonos de deuda externa, conocidos como eurobonos, por ¢1.500 millones.
“Una vez que hayamos visto el panorama,si fuera posible, tenemos que atender peticiones que nos han hecho en temas (de los ministerios) de Seguridad y Justicia… cada vez que Seguridad opera muy bien, Justicia tiene una mayor demanda de recursos e igual los tribunales”, añadió Aguilar.
Este medio solicitó el miércoles a la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda precisar las partidas que requerirían recortes; sin embargo, al cierre de esta publicación se indicó que la consulta estaba en trámite.
Presupuesto anticorrupción
La jerarca además se refirió a la partida adicional de ¢1.500 millones que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron para financiar sus unidades anticorrupción, ante el congelamiento del gasto del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el 2020.
Con los recursos se espera contratar 50 funcionarios para la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) así como otros 30 para la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación.
“La obligación número es cumplir con la regla fiscal y, una vez que hayamos hecho los ajustes en donde hay que sacrificar, alguien o varios, por la importante cifra que esto significa; pues valoraremos esas peticiones.
“Por supuesto, no tenga ninguna duda de que si tuviéramos los recursos, estarían en el primer lugar de la lista”, señaló Aguilar.
Paulo Villalobos
