Reino Unido habría contactado a cuatro naciones -entre ellas Costa Rica- para implementar un plan que se espera comience pronto con Ruanda: expulsar migrantes a estos territorios.
Este plan le permitiría al Reino Unido analizar las solicitudes de asilo de estos migrantes a la distancia, aunque también se promueve que vivan allí de manera permanente.
La información la reveló el diario The Times y replicada en Estados Unidos por la cadena ABC. Las otras naciones que habrían sido contactadas por Londres son Armenia, Costa de Marfil y Botsuana.
El medio británico informó: “El gobierno se limitó a decir que Gran Bretaña ‘sigue trabajando con una serie de socios internacionales para hacer frente a los retos globales de la inmigración ilegal'”.
La medida, que busca desalentar la llegada de inmigrantes, desató una oleada de críticas por parte de los grupos de derechos humanos, al tiempo que llegó a los tribunales.
Se estima que cerca de 30.000 personas, principalmente de África, llegaron a Gran Bretaña en botes en malas condiciones en el 2023. The Times apunta a que en lo que va de este año se contabilizan unas 6.000 personas.
El Observador consultó con Casa Presidencial para saber si el Gobierno recibió una propuesta en este sentido por parte de Reino Unido. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
¿De qué trata el plan?
La semana pasada, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente ruandés, Paul Kagame, reafirmaron en Londres su voluntad de comenzar pronto las expulsiones al país africano de inmigrantes llegados de forma irregular al Reino Unido.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente ruandés, Paul Kagame, mostraron su unidad para echar andar el plan que expulsaría migrantes a la nación africana (AFP).
Tras el encuentro entre ambos en el número 10 de Downing Street, residencia y lugar de trabajo del primer ministro, el gobierno británico informó en un comunicado que “los dos dirigentes esperan que los primeros vuelos a Ruanda tengan lugar esta primavera” (boreal).
Desde su llegada a Downing Street, hace un año y medio, el conservador Rishi Sunak busca concretar el proyecto del gobierno de Boris Johnson, lanzado en 2022 y que no ha conseguido ponerse en marcha.
Sunak ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades y quiere poner en funcionamiento el proyecto antes de las elecciones legislativas británicas.
El proyecto de ley que se está examinando insiste en que Ruanda es un país seguro y busca echar atrás las conclusiones del Tribunal Supremo británico, que juzgó ilegal la anterior versión.
Por ahora, el acuerdo con Ruanda le ha costado al Reino Unido al menos $470 millones.
Ping-pong
El texto se encuentra en este momento en una fase de “ping-pong”, donde es susceptible de ir de una cámara a otra hasta que exista un acuerdo en el parlamento británico.
Tras varios debates infructuosos, el texto volverá a la Cámara de los Comunes el 15 de abril.
En diciembre del 2012, la justicia del Reino Unido dictaminó que el controvertido plan es legal.
“El tribunal considera que es legal que el gobierno británico adopte medidas para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Y que sus solicitudes de asilo se examinen en Ruanda y no en el Reino Unido”, señaló un resumen de la sentencia publicado por el Tribunal Superior en aquel entonces.
The Times informó la semana pasado que el 70% de las casas de una urbanización destinada a acoger a estos futuros inmigrantes cerca de Kigali, capital de Ruanda, habían sido revendidas a residentes locales, según el promotor.
La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, desmintió esta cifra al periódico y aseguró que el proyecto de Ruanda fue desde el principio mezclar a inmigrantes y a residentes.
Ruanda se presenta a sí mismo como uno de los países más estables del continente africano.
Pero varios grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo, de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
Con información de AFP