Reiteran demandas a Municipalidad de Santa Cruz para frenar obras en Zona Marítimo Terrestre de Marbella

Organización ambientalista Fecon presentó una nueva gestión legal mientras Municipalidad alega que se necesita aclarar en dónde se puede construir

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El tiempo pasa y las gestiones legales se acumulan, pero las autoridades locales no aclaran ni frenan obras que se realizan en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de Marbella, comunidad de Santa Cruz. La comunidad costera volvió a pedir la intervención de la Municipalidad, esta vez acuerpada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).

En una serie de demandas ante la Alcaldía y el Concejo Municipal del cantón, la organización pidió:

  • anular un acuerdo municipal que aprobó en diciembre del 2019 la instalación de postes de luz que afectan el ciclo de reproducción de las tortugas que anidan en la playa
  • investigar posibles abusos en los permisos de construcción otorgados a un bar-restaurante construido en la ZMT
  • demoler una casa y un puente construidos dentro de la ZMT sin licencia ambiental

Además se reiteró la queja por la tala de manglar, que el propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) denunció en el pasado.

Álvaro Sagot, abogado que lidera la gestión legal, recordó que ya la organización comunal Marbella Verde presentó estos reclamos previamente, pero el municipio sigue sin responder. Agregó que estos líderes comunales fueron amenazados por los desarrolladores privados dueños de las construcciones en la zona.

Sagot ejemplificó que con los postes de luz, la Municipalidad ya ha manejado un proceso interno entre Alcaldía y Concejo – con instrucciones para estudiar el caso – pero siguen sin resolver. Por eso ahora la demanda retoma varias quejas legales.

“Lo que hicieron fue jugar con la gente de Marbella Verde“, aseguró Sagot ante la inacción de la Municipalidad.

¿Qué es la ZMT?

La Zona Marítimo Terrestre se define como la franja de 200 metros de ancho a lo largo de las costas, “medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja” según la Ley. Se estipulan dos secciones:

  • Zona Pública: faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja
  • Zona Restringida: franja de los 150 metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas

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Municipio insiste en que se debe definir zona

La calle de lastre así como un restaurante, una casa y un puente se habrían construido de forma ilegal. (Cortesía)

Desde el 2017, grupos comunales han alzado la voz por estas construcciones en la ZMT. En agosto del 2019, la Sala Constitucional dio un mes a la Municipalidad de Santa Cruz para que resolviera una serie de denuncias.

En respuestas oficiales el Departamento ZMT del gobierno local justificó que no pueden decidirlo, pues no hay mojones (demarcaciones de límites) y estos solo pueden ser colocados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La Ley de Construcciones obliga a que cualquier obra tenga permiso municipal.

En setiembre del año pasado, actuando como alcalde interino y en respuesta a la Sala Constitucional, Iván Ramírez admitió que no habían permisos para los tótems del restaurante Tiki Hut, del cuestionado empresario estadounidense Jeffrey Allen, y también denunciado por los vecinos. Basándose en respuestas del Departamento de Construcciones de la Municipalidad, dijo que “no emite licencias de construcción a puentes ubicados en calle pública o Zona Marítimo Terrestre”.

El Observador consultó nuevamente a la Municipalidad, quien solo indicó que está “a la espera de respuestas alineamiento”. “Si no hay alineamiento no podemos decidir nosotros hasta dónde está la zona pública. Se interpreta aquí que el camino está inventareado como camino público“, respondió Francisco Mairena, encargado de comunicación de la institución.

Es decir, un año después la posición es la misma de espera a una definición por parte del IGN. Mairena sí afirmó que la Municipalidad ha hecho una revisión “exhaustiva” en la ZMT de Marbella.

Este medio solicitó una entrevista con el encargado del departamento de ZMT y el alcalde Jorge Arturo Alfaro pero no ha habido respuesta, más allá de que en este momento dicho departamento permanece acéfalo.

El noviembre del año pasado, la entonces alcaldesa María Rosa López dirigió cuatro oficios a sus subalternos Onías Contreras y William Arauz, de los departamentos de ZMT y Gestión Ambiental respectivamente, y al Concejo Municipal, para que nuevamente conocieran la denuncia de Marbella Verde. Eso no sucedió.

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Dany Villalobos, presidente de la Fecon, criticó que si la Municipalidad no tiene claro dónde se puede construir, respetando la normativa de la ZMT, no puede administrar ni dar permisos. “Si desconocen cuáles son los límites de la ZMT no tendrían porqué estar permitiendo que haya actividad que tiene una serie de regulaciones. Estarían por omisión incumpliendo con los procedimientos legales”, afirmó

Álvaro Sagot insistió que la Municipalidad ya puede intervenir, tras tantos años de gestiones. “Si no lo hace tendremos que acudir a otras instancias, desde la vía penal hasta la constitucional”, zanjó.

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Proceso judicial en el Contencioso

Como suma al conflicto ambiental y social en Marbella, desde hace varios años se encuentra una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo. En esta causa, 18-003974-1027-CA

La Procuraduría General de la República inició un proceso de lesividad, pues consideró que hubo una afectación al interés público al permitirse varias construcciones en la mencionada ZMT y en el manejo de las propiedades.

Según el Poder Judicial está presentada contra 19 personas físicas y sociedades anónimas. El abogado del Estado pide la nulidad absoluta de las matrículas y planos de diferentes propiedades. Sin embargo se encuentra suspendido a la espera del nombramiento de un liquidador de varias de las propiedades, pues las empresas dueñas muchas están desaparecidas.

El ente procurador agregó que interpuso la demanda a solicitud del Ministro de Justicia y Paz en tanto los “inmuebles abarcan indebidamente la Zona Marítimo Terrestre“.

“Se anotó en el Registro Inmobiliario la demanda como medida cautelar. Actualmente, se encuentra en fase de notificación, nombramiento de curadores procesales, y liquidadores para las sociedades disueltas que no ostentan un representante”, detalló.

Sagot comentó que el proceso es largo y apenas está en notificación.

Tensiones ambientales en Marbella
En esta comunidad playera, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intervino por ilegalidades en la gestión del agua. Además presentó una demanda penal contra desarrolladores por irregularidades en las Asadas locales y hasta la construcción de un acueducto ilícito en condominios.Igualmente desde el 2017, Dirección de Aguas del Minae denunció el uso de pozo ilegal para desarrollos urbanísticos. La Fiscalía solicitó que se abra juicio por el caso.

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