Hermes Solano
El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García-Sayán, “intercedió” ante las autoridades judiciales de Costa Rica por Carlos Cerdas, dueño de la empresa Meco e implicado en el Caso Cochinilla.
En junio anterior, García-Sayán solicitó una serie de informaciones a las autoridades costarricenses debido a quejas que había recibido sobre el trato hacia Cerdas y el proceso que se ha llevado por el caso.
En el documento de ocho páginas enviado al Poder Judicial da a conocer una serie de detalles sobre lo que habría vivido el imputado, hoy con medidas de casa por cárcel.
“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con el señor Carlos Cerdas Araya, costarricense y empresario de la construcción; y las presuntas faltas a las garantías procesales, confusión de jurisdicción y presiones de la fiscalía en el caso contra el Sr. Cerdas Araya que habrían afectado su derecho a un juicio justo”, indicó.
El relator recibió información sobre varios temas referentes al caso del duelo de Meco, en el que hay también 77 personas más señaladas por las autoridades, incluidos funcionarios públicos.
En el documento señaló diversos temas, entre ellos están la prisión preventiva de Cerdas, la supuesta negación a que lo visitara su abogado cuando estaba en la cárcel, así como la filtración de los expedientes del caso.
OBSERVE MÁS: Juez declara inválido artículo clave para casos de crimen organizado como Cochinilla y Diamante
Presión a jueces
En la información recibida por el Relator y que la da a conocer en el documento, se dice que una de las juezas que le puso de fianza $5 millones a Cerdas para que evitara la prisión preventiva recibió ataques.
“Por la resolución adoptada, (la jueza) habría sido atacada públicamente en los medios y en las redes, acusada de “liberadora de presos”, y se habrían expuesto sus datos personales”, escribió García.
“Habría sido, incluso, amenazada de muerte en las redes y denunciada penalmente. En este contexto, la fuente indica que sería muy difícil para cualquier juez resolver en favor del Sr. Cerdas Araya, pues implicaría exponerse a un acribillamiento mediático”, añadió.
Una de las quejas recibidas por el Relator Especial respecto a la situación del empresario, es que previo a la resolución de las medidas cautelares, tras su detención en junio de 2021, no lo dejaron comunicarse con sus abogados.
“El Sr. Cerdas habría estado en una celda de máxima seguridad durante más de 15 días y sin posibilidad de comunicarse con su defensor”, dice el documento.
Otro de los temas es la supuesta filtración desde el Poder Judicial de la información del caso, poniendo como ejemplo que el propio día de la detención, el 14 de junio de 2021, ya varios medios comenzaron a dar detalles de lo que decía el expediente judicial.
OBSERVE MÁS: Caso Cochinilla: Mélida Solís y Carlos Cerdas salen de la cárcel tras 9 meses en prisión preventiva
Foto: Tomás Gómez
Ley de crimen organizado
Una de las situaciones que menciona García-Sayán respecto al caso, es el hecho de que en Costa Rica se derogaron varios artículos de la ley contra Crimen Organizado en octubre de 2019.
Esto ha traído polémicas y problemas para asumir los procesos de corrupción, narcotráfico y demás.
“La superposición y derogación de ciertas normas creó una circunstancia en la cual los jueces ordinarios, a partir del 14 de octubre de 2019, perdieron su competencia para conocer hechos de crimen organizado mediante el procedimiento especial de la ley 8754, o seguir conociendo las causas que se encontraran en la etapa preparatoria”, dice el informe.
“Sin embargo, ignorando la falta de legislación procesal habilitante, los jueces ordinarios seguirían instruyendo causas de este tipo (entre los que se cuenta el caso del Sr. Cerdas), lo que incluye la facultad de ordenar intervenciones telefónicas en esta clase de delitos. Por esta razón, en los casos complejos, estarían actuando jueces cuya competencia no es legítima”.
García-Sayán aseguró sentirse preocupado por toda esa información recibida, en la que le estarían violando los derechos humanos al dueño de MECO.
A raíz de eso solicitó una serie de informes a las autoridades costarricenses.}
OBSERVE MÁS: Mélida Solís y Carlos Cerdas salen de prisión, mantendrán arresto domiciliar por 6 meses
La respuesta de Costa Rica
El pasado 22 de agosto, la Cancillería remitió al Relator Especial la respuesta dada desde el despacho de la presidencia del Poder Judicial.
En la misma no dan mayores detalles del caso, amparándose en el artículo 295 del Código Penal, que hace confidencial la etapa de investigación.
Afirmaron, además, que se han respetado todos los derechos de Cerdas Araya desde que se detuvo el 14 de junio de 2021.
“Se ha respetado en todo momento los Derechos Humanos del señor Cerdas Araya, el debido proceso, su derecho de defensa técnica y material, resultando que en todos los trámites y actuaciones impulsados ha existido un apego riguroso a la normativa prevista en el sistema penal costarricense por parte de los Fiscales a cargo”, indicaron.
