Tomás Gómez
El proceso “urgente” para renovar el armamento de la Fuerza Pública que arrancó en el 2018 finalmente podrá dar resultados en 2021, luego de años de licitaciones, apelaciones y recursos.
Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad luego de que la Contraloría considerara que no hay elementos para declarar nulo el proceso de adjudicación del contrato.
“Debido al dictamen se continuará con el trámite de compra y ya se cuenta con presupuesto para ello, cuya compra está prevista para el año 2021”, señaló el viceministro Randall Blanco.
“Esta Contraloría General considera que no estamos ante un vicio que pueda ser calificado como evidente y manifiesto, lo cual impide la eventual declaratoria de nulidad del derecho subjetivo que nos ocupa en vía administrativa”.
Así respondió el órgano contralor a una solicitud de dictamen presentada por el ministro de seguridad, Michael Soto, el 11 de setiembre anterior.
El jerarca solicitó criterio de la Contraloría sobre si se debía anular o no la adjudicación de la compra de armas.
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La adquisición, regida por el cartel 2019LN-000007-00710001 está valuada en ¢4.426 millones, para cerca de 6.000 armas nuevas tipo 9 mm.
El consorcio Inglesini & Cía y Electromecánica Pablo Murillo S.A. fue el ganador de la licitación.
Largo camino al armamento
A pocas semanas de empezar su gestión, el Ministerio de Seguridad arrancó el proceso para modernizar el armamento.
El 18 de julio del 2018 el ministro Michael Soto pidió autorizar la contratación directa de pistolas, proceso que no llegó a completarse.
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En entrevista con El Observador a finales del 2019, Soto reconoció que su gestión había tenido ya 2 procesos infructuosos para la compra de armamento.
El jerarca dijo entonces que empezaría un nuevo proceso con la idea de completarlo durante el 2020.
“Esperamos concretarla a mitad de año porque los procesos de licitación si las empresas apelan, si la Contraloría nos hace alguna observación pues duran sus mesecitos”, advirtió.
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Sus palabras fueron premonitarias pues una vez adjudicada la compra se surgió un debate sobre las certificaciones de las armas.
El hecho conllevó más trámites zanjados hasta ahora por el pronunciamiento de la Contraloría.
