Tomás Gómez
El asesor presidencial Camilo Saldarriaga renunció a su cargo en Casa Presidencial tras los allanamientos de este lunes, por indagaciones sobre una presunta red criminal relacionada con obra pública.
A Saldarriaga le allanaron la oficina en Casa Presidencial y le revisaron su residencia, en Barrio Roosevelt de Montes de Oca.
Según su declaración escrita, tiene “la consciencia tranquila de no haber cometido ningún delito”, pero aún así se marcha para enfrentar el proceso judicial.
“No tengo ni he tenido contacto con procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como Conavi. Esto es algo absolutamente ordinario y legal en el marco de la administración pública”, indicó Saldarriaga en una misiva, de la cual El Observador tiene copia.
Contra el asesor se realizaron dos pesquisas, una en su oficina en Casa Presidencial y otra en su casa, en la zona de Barrio Roosevelt en Montes de Oca.
“Con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, he presentado la renuncia a mi cargo a partir del día de hoy”, señaló.
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Sin celular, ni computadora
El nombre de Saldarriaga figuró este lunes en la lista de investigados contra quienes se dictó orden de allanamiento.
Pese a que no fue detenido tras la intervención en su oficina, llegó a su casa acompañado por el personal del OIJ, donde se realizó una revisión.
El asesor permaneció en su casa. Su abogada Gabriela Arias admitió que le habían decomisado el celular y la computadora.
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Jornada de allanamientos
Desde las 6:00 a.m. de este lunes, más de 600 agentes del OIJ desarrollaron 57 allanamientos conjuntos.
Las operaciones incluyeron oficinas públicas como Casa Presidencial -por segunda vez en este Gobierno-, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
También se allanaron oficinas privadas y casas de habitación.
Fiscalía confirmó que hay 29 detenidos, 18 de ellos funcionarios públicos.
