Tomás Gómez
Cada vez son más los periodistas, dirigentes sociales y hasta aspirantes presidenciales que llegan a Costa Rica huyendo de la represión en Nicaragua.
En la misma situación, además, están llegando miles de sus compatriotas que también buscan alejarse del rumbo que toma el Gobierno de Daniel Ortega.
Datos de la Dirección General de Migración confirman la tendencia, que ya durante junio se habría triplicado al pasar de 1.300 peticiones mensuales a 4.378.
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Julio, sin embargo, cerró con una cifra aún más alarmante: 5.379 nicaragüenses más tramitaron su solicitud de auxilio. Esto representa un aumento del 22% en apenas un mes.
A ellos hay que sumar además a quienes piden asilo, lo cual se tramita ante la Cancillería.
Un vecino complicado
El clima político de Nicaragua, tenso desde las protestas desde el 2018, se enturbió aún más con la cercanía de elecciones.
La cita está prevista para noviembre. El presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato y para ello ya se ratificó su candidatura junto a su esposa, Rosario Murillo.
Para allanarle el camino, el régimen sandinista preparó varias leyes para perseguir a la oposición y reducir sus opciones electorales.
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En los últimos tres meses se han dado varias olas de detenciones. Estas abarcan políticos, dirigentes estudiantiles, activistas y empresarios opositores.
De manera genérica, la Fiscalía sandinista ha denunciado a decenas de personas de "traición a la patria", con lo cual generan procesos judiciales y retenciones irregulares.
El partido Ciudadanos por la Libertad era el último opositor que quedaba vigente y la semana anterior fue cancelado por el régimen sandinista. Su líder Kitty Monterrey apareció en Costa Rica el lunes pasado, tras lograr huir de su país por puntos ciegos de la frontera (Cortesía Confidencial, Nicaragua)
Nicaragua queda aislada
A raíz de esta oleada de detenciones y persecución contra los opositores, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han establecido diferentes sanciones contra diferentes miembros del régimen orteguista.
Entre ellos se encuentran ministros, diputados, asesores presidenciales, altos jefes de la Policía Nacional, y hasta la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo.
Las sanciones incluyen la congelación de activos en ambos países, la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos dentro o fuera de EE.UU. y Canadá y restricciones migratorias.
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Además, diferentes países han emitido condenas al actuar de Ortega, quien en señal de protesta llamó a consultas a sus embajadores en varias naciones latinoamericanas.
La medida aplicó para sus delegados en México, Colombia, Argentina y Costa Rica.
Al respecto, el presidente Carlos Alvarado declaró que se consideraba un retiro del embajador. Por tanto, las relaciones están congeladas entre Gobiernos y se limitan a atender asuntos entre Estados.
Las peticiones internaciones ponen como punto mínimo unas elecciones libres y democráticas para comenzar a reordenar la situación en Nicaragua (AFP)
