Tomás Gómez
El cronograma de vacaciones y el programa de procesiones de muchas personas cambió esta semana por una normativa que define los espacios en los que se podrá sacar el carro a la calle.
Ubicar el momento exacto en que se podría salir según el último dígito de la placa, la hora y hasta la fecha equivale casi a descifrar la combinación de una caja fuerte que lejos de regular el tránsito invitan a quedarse encerrado.
En ausencia de una normativa que permitiera el toque de queda -y a falta de disciplina de muchas personas por quedarse en la casa en medio de la pandemia de COVID-19-, llevar al extremo las posibilidades de movilización es uno de los recursos más duros que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia del coronavirus.
Los cuestionamientos sobre su legalidad, los debates políticos que ha levantado y las multas con que ahora se sanciona su violación han mantenido a la “restricción vehicular sanitaria” en el centro de debate y la convirtieron en el personaje de la semana.
Despacito, para quienes no entendieron
Justo hace un mes se detectó en Costa Rica el primer caso de coronavirus.
La noticia trascendió un viernes por la tarde y en lugar de encender alarmas en la población se convirtió en una invitación a seguir en la calle.
Para el fin de semana siguiente la noticia eran -además del incremento en el número de casos- los kilómetros de presas en las carreteras a las playas y las decenas de personas que hacían fila para ingresar a los bares del Barrio La California, en el centro de la capital.
Se tomó la decisión de empezar a cerrar negocios y espacios públicos, lo que no desincentivó la salida de las personas.
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Fue necesario entonces regular la salida de carros y con ello la facilidad de movilización.
Arrancó como una medida que iba de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana y cuyo arranque debió adelantarse para las 8:00 pm durante los viernes, sábados y domingos. Al buen entendedor, pocas palabras.
Aunque muchas personas se quedaban en casa, cada mañana la Fuerza Pública reportaba cientos de multas por irrespeto a la restricción, una amenaza que preocupaba a las puertas de los días de descanso.
Vacaciones en casa
La Semana Santa llegó para los ticos con playas, bares y balnearios cerrados y pocas opciones para vacacionar, pero eso no sería impedimento para que más de uno ideara como tener vacaciones en la costa o la montaña.
Llevando la ley al límite, se decretó entonces un agravamiento de las medidas.
La restricción entonces se amplió para tener jornadas diurnas entre el sábado y el martes y para ser casi total del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección, un sistema que confundió a más de uno:
Para prevenir al máximo los movimientos de turistas en los días libres, además, se estableció que los buses con rutas mayores a los 75 kilómetros dejarán de operar a partir del miércoles y y hasta a los ferrys se les limitó el horario.
Dolor en la billetera
Los constantes irrespetos a la restricción provocaron la búsqueda de un mecanismo que llamara a su cumplimiento y el dinero fue la vía más indicada.
La multa que antes era de ¢20.000 se quintuplicó y subió a ¢107.768. Además la sanción incluirá el retiro de las placas y seis puntos de la licencia.
A iniciativa de la diputada independiente Zoila Rosa Volio se estableció que los recursos recogidos por las multas se destinen a atender la emergencia de coronavirus.
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Mientras algunas leyes tardan años en aprobarse por la Asamblea esta requirió apenas de tres días, una vez aprobada fue firmada por el Poder Ejecutivo y publicada en La Gaceta en menos de 12 horas.
La medida fue estrenada por 4 choferes durante la madrugada del sábado y con la salida del sol se incrementaron las boletas por conductores que no entendieron o no quisieron respetar la nueva restricción.
693 partes por su incumplimiento permitieron recaudar ¢74 millones solo el primer día en que rigieron las nuevas reglas.
