Paula Ruiz
Un verdadero malestar se generó este jueves en el Congreso contra el Directorio Legislativo, por el retraso en la entrega del informe enviado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desde el lunes anterior, relacionado con Luis Guillermo Solís, expresidente de la República y su papel en el cemento chino.
En medio de la discusión del proyecto de huelgas, el liberacionista Roberto Thompson irrumpió para consultarle a Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso cuándo iba a distribuir el documento entre los restantes congresistas.
Eso provocó que diputados de todas las fracciones, incluso, la oficialista exigieran a Benavides el documento para tener detalle de la información.
Aunque anunció en una sesión legislativa anterior que distribuiría el documento, Benavides aceptó haber sido su error el hecho de que hasta este jueves no haya estado en el escritorio de cada legislador.
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“Mi deber es procurar que lleguen a tiempo y no es responsabilidad de la primera secretaria (Laura Guido) que ciertamente lo recibió horas antes y me parece que tuvo actitud diligente porque considero que la cabeza de esta organización soy yo y nadie más”, dijo.
Como Laura Guido es diputada oficialista, legisladores de otras fracciones la señalaron como cómplice de esconder el documento. La preocupación que tenían, era porque este jueves se cumpliera el plazo límite para poder presentar observaciones a la PEP sobre la decisión tomada de reabrir la investigación contra Solís.
¿Cuál es el plazo?
Thompson asegura que hay tres días desde la notificación realizada el lunes anterior por lo cual quedaban pocas horas para hacer observaciones.
Sin embargo, Guido refutó tal apreciación y explicó que no hay caducidad.
Otro de los señalamientos realizados por José María Villalta, diputado por el Frente Amplio, tienen que ver con la desigualdad surgida por el hecho de que Guido y Benavides ya habían tenido acceso al documento, mientras los demás legisladores no.
La oficialista consideró que Villalta lleva razón, por lo cual, con anterioridad había presentado un proyecto de ley para hacer una modificación en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, relacionado con las notificaciones.
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Actualmente, el artículo 30 del Reglamento establece como funciones de la Primera Secretaría (a cargo de Guido) llevar y dar cuenta de la correspondencia de la Asamblea.
Guido fue notificada por parte de la PEP primero que Benavides.
“Fui notificada antes porque pude atenderlo antes, en la tarde le hablé al presidente del Congreso y me dijo que no había sido notificado. En sesiones de Plenario le he insistido que haga de conocimiento de los diputados que no se trata de una resolución”, señaló.
La reapertura
La reapertura de la investigación contra Solís en la PEP, surge tras una recomendación emitida desde la Comisión Legislativa de Procuraduría que estuvo habilitada por poco más de un año.
Ese foro legislativo surgió a raíz de que -otro- informe en 2018 enviado al Congreso durante la presidencia de la rojiamarilla Carolina Hidalgo, no fue distribuido a tiempo a los diputados, evitando así que pudieran refutar la tajante decisión del ente ético.
Esa decisión fue precisamente desestimar que Solís haya faltado al deber de probidad. El nuevo documento enviado el lunes anterior, ahora más bien reabre ese caso.
Sobre la reapertura, Guido consideró que no hay nuevos elementos en el caso.
“Sin embargo no tengo toda la información de una investigación más exhaustiva y realmente espero que no se encuentren más aspectos en ese tema, aunque será la Procuraduría de la ética la que determine”, concluyó.
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