Portada

Revisión técnica de vehículos queda paralizada después de un tortuoso camino de 26 años en Costa Rica

Manifestaciones, denuncias, procesos administrativos y hasta señalamientos por corrupción enmarcan la historia de la revisión técnica vehicular en Costa Rica….

Por Josué Alvarado

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Revisión técnica de vehículos queda paralizada después de un tortuoso camino de 26 años en Costa Rica
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Manifestaciones, denuncias, procesos administrativos y hasta señalamientos por corrupción enmarcan la historia de la revisión técnica vehicular en Costa Rica.

Este viernes 15 de julio vence un contrato con la empresa Riteve S.A., que inició operaciones en julio del 2002 con el objetivo de asegurar las condiciones mínimas de seguridad y emisión de gases contaminantes de los miles de vehículos que transitan por las calles del país.

Pero incluso antes de aquel 2002 el país ya había dado los primeros pasos en un procedimiento que permitiera verificar los vehículos y certificar su correcto funcionamiento.

Cortesía de Riteve S.A.

Ecomarchamo

Algunos de los eventos más importantes sobre la inspección vehicular en Costa Rica se dan cerca del año 1996.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estaba a cargo de dicha labor. Para eso, se destinó un espacio en las cercanías del actual Parque Metropolitano La Sabana. Sin embargo, desde el inicio generó molestia por las presas que provocaban en la zona y el poco espacio para atender a los presentes.

Durante finales de los años 90, las cercanías del Estadio Nacional eran un “parqueadero a cielo abierto”, según describió el exministro del MOPT Rodolfo Méndez Mata en una respuesta carta a los magistrados.

Para la misma época nacieron los ecomarchamos. Se trataba de un sticker que se obtenía luego de que algún taller autorizado hiciera prueba de gases contaminantes. Había 87 sitios autorizados en todo el país para este fin.

Cortesía de Riteve S.A.

Pero Méndez Mata reconoció a los magistrados que fue hasta cierto punto un fiasco. Algunos talleres hicieron su labor, pero otros aprovecharon para hacer su negocio propio y la mancha de la corrupción cayó sobre este servicio. Su fin llegó poco tiempo después.

“Se presentaban casos en los que el propietario del vehículo, sin llevarlo al taller, obtenía el documento de aprobación de gases”, escribió Méndez Mata.

RTV: molestias y controles 

Costa Rica inició los años 2000 sin tener un plan claro para corroborar el buen estado de los vehículos. Para esa fecha ya se había realizado un proceso de concesión, donde participaron varios oferentes. Se le adjudicó a Riteve SyC un consocio español-costarricense.

Esta empresa inició operaciones en el 2002 llegó y hasta este viernes, cuando termina su plazo de operación.

Durante la administración de Abel Pacheco, se le adjudicó a Riteve dicho servicio. La molestia ciudadana no esperó y hubo manifestaciones en contra del proceso de revisión, las exigencias que implantaba y los montos que se cobrarían a los ciudadanos.

Cortesía de Riteve S.A.

Eso ocurría en las calles mientras que para setiembre del 2004 la Contraloría General de la República cuestionaba si Riteve S.A. era un monopolio. El excontralor Alex Solís pretendía un cambio en cuanto la administración de este servicio, pero no le fue posible.

Los magistrados de la Sala Constitucional determinaron que no existía tal monopolio y Riteve S.A. continuó ofreciendo el servicio. Su función estuvo casi siempre acompañada de reclamos sociales y una de las principales razones fue el monto cobrado.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó a El Observador que antes del 2017 la fijación del precio de revisión y reinspección no era tarea suya. Hasta que, por ley y reglamento, se le dio la potestad de regularlo.

Durante estos últimos cinco años, del 2017 a la actualidad, el costo de la revisión pasó de ¢10.920 a ¢14.585 para la mayoría de vehículos del país, es decir, aquellos que pesan menos de 30 toneladas.

Cortesía de Riteve S.A.

portadaporta

Fin del contrato

La firma inicial del exmandatario Abel Pacheco tuvo una prórroga. En julio del 2012 y durante la administración de Laura Chinchilla dicho contrato se amplió por 10 años más, es decir, hasta julio del 2022: fecha actual.

En abril, el gobierno de Carlos Alvarado intentó extender la concesión por tres años más, sin que tuviera éxito. La administración anterior no previó que el contrato estaba por terminar y el tema "explotó" sin que ahora haya claridad con lo que ocurrirá.

El servicio se dejó de brindar este jueves 14 de julio y ahora solo está pendiente que el Estado tome como suyas las instalaciones en las que ha operado Riteve por más de 20 años.

A inicios de julio el MOPT informó sobre el inicio de un proceso para adjudicar el servicio a otra empresa privada bajo la figura de permisionario en el uso precario por un periodo de dos años.

Si en un plazo de dos meses no se ha encontrado el oferente, será el mismo MOPT el que deberá asumir dicha responsabilidad, como cuando lo hacía a finales de los años 1990 en La Sabana.