Rodrigo Díaz
A seis semanas de vencerse el contrato de revisión técnica vehicular a cargo de la empresa Riteve SyC, diferentes sectores claman porque se mantenga el servicio mientras se resuelve el nuevo contrato.
En este momento se desconoce qué pasará después de la última inspección que se haga el 15 de julio en horas de la noche.
Si se mantendrá Riteve ofreciendo el servicio o se paralizará completamente mientras sale un concurso internacional para un nuevo proceso.
A lo largo de 20 años, esta empresa se ha encargado de la inspección de millones de vehículos. Esto incluye automóviles, motocicletas, autobuses, transporte pesado y equipo especial.
Las consecuencias de que, de forma súbita, se acabe el servicio serían nefastas para el parque vehicular costarricense. Así lo aseguran entendidos en la materia y el propio ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
Aunque entre las propuestas que se preparan en el MOPT se contempla la continuidad de Riteve, esta opción ya la rechazó la Contraloría General de la República en dos ocasiones.
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Clamor por continuidad
Ante ello, autobuseros, transportistas de carga, vendedores de repuestos e importadores de vehículos manifestaron, casi al unísono, que la revisión técnica vehicular debe continuar.
Esto pasaría, según la mayoría, por una extensión del plazo para que Riteve continúe prestando el servicio mientras se elabora la licitación internacional para la nueva concesión.
En lo que no todos coinciden, eso sí, es en el plazo de duración de la concesión de Riteve.
La Cámara de Comercio, por ejemplo, fue enfática en que al menos ese período debe ser de dos años. Así lo hizo ver en una carta que envió a las autoridades del MOPT.
“Hemos hecho una solicitud al Gobierno de que el contrato debe ampliarse al menos dos años mientras el proceso licitatorio arranca y se pueda adjudicar a una nueva empresa”, precisó Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.
El objetivo es que se evite caer un vacío legal que se volvería fatal para la seguridad vial y el ambiente, entre otros factores, mientras se elabora un nuevo cartel.
Otros sectores coinciden en que la extensión del contrato garantizaría mantener los estándares de calidad en la inspección.
“Considero que la única solución que se puede manejar, porque es un tema técnico, detallado y difícil de improvisar, es que se haga una ampliación corta del contrato de Riteve.
“Esto mientras se logra armar todo para hacer una licitación como tiene que ser a una empresa o nuevas empresas, asumiendo cada una una región del país”, dijo Fernando Vargas, Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Importadores de Autos Usados en Costa Rica y afines.
Vargas destacó la mejora en los índices de contaminación y mantenimiento de los vehículos con la llegada de Riteve.
Importadores y autobuseros
Los importadores de vehículos nuevos, por su parte, destacaron otros aspectos que conlleva la revisión. Por ejemplo, señalaron el control cruzado con otras instituciones para evitar robos o adulteraciones.
“Esta actividad se entrelaza con otras instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Seguros y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. También el Ministerio de Justicia y la inscripción registral, entre otros.
“Si estos temas no están resueltos por las autoridades antes del vencimiento del plazo del contrato, se le causará al sector graves daños a partir de sus actuaciones”, comentó Lilliana Aguilar, director ejecutiva de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).
El sector autobusero también apuesta por la continuidad, en vista de que -considera- que una paralización pondría en riesgo la actividad del transporte público.
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“Justamente la seguridad de las condiciones de operación del servicio público se certifican con esta empresa, que ha operado en monopolio este servicio”, señaló Bernal Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus).
Rodríguez no cree en un plazo extenso y lo fijó para el cierre del 2022. Según él es tiempo suficiente para que el Gobierno finiquite la nueva licitación.
Las ventajas del servicio
En tanto, Silvia Bolaños, directora ejecutiva de otra cámara de autobuseros (Canatrans), se refirió a la revisión técnica como el mecanismo que permitió mejorar los índices de seguridad y accidentabilidad. Además, generó una cultura de revisar las condiciones de operación de los vehículos.
“Sería muy lamentable que este servicio se vea suspendido, por la afectación y el deterioro que se pueda dar en la flota. Es importante analizar una prórroga temporal, debido a la emergencia, mientras se define si continúa una empresa u otra”, señaló Bolaños.
La eventual suspensión del servicio a partir del 15 de julio también preocupa a la Cámara de Transportistas de Carga (Canatrac).
Ello se debe a que los altos estándares de revisión podrían perderse, expresó Francisco Quirós, director ejecutivo de dicha cámara.
Finalmente, los taxistas también ven con buenos ojos que no se detenga el servicio de revisión técnica.
“La ley se debe cumplir, pero mientras esto ocurre se debe buscar el mecanismo legal que permita seguir prestando el servicio”, enfatizó Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas.
¿Y después?
En lo que la mayoría de consultados coincidió es que la continuidad es solo una medida transitoria mientras se concluye y presenta el cartel internacional.
Sin importar que sea uno o varios proveedores del servicio, se requiere que se cumplan los estándares y que se adapte a la realidad costarricense.
“La empresa que venga tiene que ser muy dinámica, tecnológicamente neutral y que tenga capacidad para revisar esa gama diferente de vehículos que hay en el país”. Así lo apuntó Edgar Chacón, coordinador del núcleo de vendedores de repuestos, perteneciente a la Cámara de Comercio.
Rodríguez, de Canabus, señaló que se presenta una oportunidad para abrir la inspección a más empresas y no a una como es en este momento.
Hay que tomar en cuenta que las condiciones de la flota vehicular han cambiado y que se requiere una inspección más moderna. Incluso, afirmó que dentro de este proceso se le debe dar oportunidad a empresas locales.
“Hay suficiente capacidad instalada y conocimientos para que los emprendimientos nacionales tengan oportunidades de negocio asociadas al transporte y la movilidad”, puntualizó.
En esto coincidió Ureña, representante de los taxistas, quien afirmó que debe agilizarse la participación de mayor cantidad de empresas “como lo ha querido el pueblo costarricense”.
Bolaños, de Canatrans, por su parte, afirma no tener posición sobre el futuro operador. Sin embargo, señaló la necesidad de mantener la calidad y seguridad del servicio de inspección (Riteve cumple una norma ISO).
¿Y las tarifas?
Algunos de los consultados también se refirieron al tema de las tarifas de Riteve. El ajuste se daría debido a que los activos de la empresa pasarán al Estado a partir del 15 de julio. Lo anterior significa que costos por edificio y equipos, por ejemplo, ya no se deben incluir dentro del cobro de la revisión.
Zúñiga, otra representante de grupos de taxistas, abogó por una baja de tarifas.
En tanto, Quirós, de Canatrac, propuso que el monto que correspondería a una rebaja se transfiera a un canon. Este se utilizaría como fondo para paliar los altos precios de los combustibles.
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Acción de inconstitucionalidad
Por otro lado, Aguilar, de Aivema, recordó que antes de completar el proceso de licitación, se debe conocer el fallo de la Sala Cuarta ante un recurso de inconstitucionalidad que podría definir las condiciones en las que se daría en concesión el servicio.
Una acción presentada por la organización Preserve Planet contra algunos artículos de la Ley de Tránsito busca que se mantenga la revisión técnica bajo un solo operador y no abrir el monopolio.
Esto por considerar que sería retroceder a un viejo modelo y pondría en riesgo el control ambiental.
Justamente, la espera de este fallo constitucional fue uno de los alegatos que dio el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para solicitar la prórroga del contrato con Riteve.
El último intento también fue rechazado por la Contraloría el pasado 3 de mayo. En este, Cosevi solicitó extender el contrato por tres años -con dos adicionales de prórroga-.
No obstante, el ente contralor señaló que no existía claridad en la información presentada que justificara la prórroga.
En respuesta, el Gobierno anterior señaló que haría una nueva solicitud en la que completaría la información requerida por Contraloría.
No obstante, terminó heredando el proceso a la nueva administración.
Rodrigo Díaz
