Hermes Solano
El presidente Rodrigo Chaves no quiso hablar sobre la información dada a conocer el martes respecto al informe entregado por el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía debido al tema de financiamiento de su campaña.
Ante la pregunta, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, el mandatario dijo que no iba a responder a algo que, a su parecer, “se filtró ilegalmente”.
“No puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación del código respectivo”, señaló Chaves.
Asegura que duerme muy tranquilo y en paz, pero que no hablará de un tema que dice no es legítimo.
“Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene forma, ni legitimidad”, añadió.
Eso fue la única declaración dada por Chaves respecto al tema, mismo que lo liga en una estructura paralela que habría financiado parte de su campaña, a través del fideicomiso “Costa Rica Próspera”.
La Fiscalía de Probidad y Anticorrupción solicitó al TSE un informe preliminar de la investigación que realiza sobre Progreso Social Democrático debido al financiamiento en campaña.
El 8 de junio, el órgano electoral envió el documento de 150 páginas, en el que se detalla parte de lo ocurrido.
Financiamiento oscuro
En el informe IDI-DFPP-001-2022 emitido por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y dirigido al Ministerio Público se detallan dos estructuras paralelas que financiaron la campaña de Chaves y otra la del diputado Waldo Agüero.
“Como parte de este esquema oscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021”, señala el informe.
En específico, los dineros se depositaron en las cuentas del fideicomiso “Costa Rica Próspera” constituido por Rodrigo Chaves y Jack Loeb.
Además del presidente, en el informe se señalan responsabilidades del vicepresidente Stephan Brunner, el Canciller Arnoldo André Tinoco. También se señalan tres diputados: Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y el propio Agüero.
TSE garantizó confidencialidad
Héctor Fernández, director de Registro de Partidos Políticos del TSE, le aseguró a El Observador que ellos cumplieron con todos los criterios de confidencialidad del informe.
Incluso, aseguró que no podía hablar por el fondo del documento, que fue entregado al Ministerio Público debido a la petición de la autoridad judicial.
Fernández afirmó que la investigación sigue en curso en el órgano electoral para determinar si se cometió algún delito y debe ser remitido en su totalidad a la Fiscalía.
“No hemos concluido con alguna resolución sobre si enviar al Ministerio Público el caso por la comisión de un delito o si cabe un procedimiento administrativo. Estamos todavía investigando algunos elementos”, indicó
