Paulo Villalobos
Diez acciones de inconstitucionalidad asedian la controvertida Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635), vigente desde el 5 de diciembre del 2018.
La mitad de esos recursos fueron interpuestos por organizaciones sindicales.
Dos de ellos los interpuso la Municipalidad de Alajuela; otros dos, unos ciudadanos y el restante un trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Empleo público
Ocho de las diez acciones impugnan artículos o la totalidad del título III de la reforma al sistema tributario, de acuerdo con un informe elaborado por la oficina de prensa de Sala Constitucional, ante una consulta de El Observador.
Ese es el que tiene que ver con las modificaciones las remuneraciones, en rubros como anualidades, sobresueldos y pluses. Además se presentaron recursos contra tres transitorios.
Todo lo anterior incluye una disminución de los porcentajes de los incentivos de dedicación exclusiva, que se redujeron a mitad tanto para licenciados como bachilleres; y de prohibición, que pasaron de 65% a 30% en el caso de licenciados, y de 30% a 15% en el de bachilleres.
OBSERVE MÁS: Municipios piden a Sala Constitucional que reforma tributaria no toque sus beneficios salariales.
La anualidad -que se pagaba automáticamente por año laborado- requirió la instauración de un sistema de evaluación que sólo paga el beneficio a los funcionarios calificados como “muy buenos”.
Otra variación es una regulación para que el pago por cesantía no supere los ocho años trabajados; aunque deja abierta una puerta para una de 12 años para las convenciones vigentes.
También se establece un tope general que limita las remuneraciones totales de los trabajadores a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Asimismo, se congelaron por dos años los salarios de los jerarcas públicos superiores a los ¢4 millones.
Contra la Regla fiscal
Uno de los recursos presentados por el ayuntamiento alajuelense pide que se les excluya de la regla fiscal.
Dicha medida es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del producto interno bruto (PIB) y a las dimensiones de la deuda del Gobierno Central.
El gasto corriente incluye intereses, remuneraciones (salarios y cargas sociales), transferencias así como compra de bienes y servicios.
Según el municipio, su régimen queda excluido de esa disposición, al ampararse a los artículos 169, 179 y 175 de la Constitución Política.
Esos numerales dotan de autonomía a los gobiernos locales en el manejo de sus presupuestos.
Impuesto a los alquileres
El último de los recursos interpuestos impugna el tributo a los arrendamientos inmobiliarios.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas transformó los alquileres en rentas pasivas.
Ello significa que los mismos tendrán un gravamen del 15% sobre el 85%.
Asimismo, prevé un tabla progresiva para quienes tienen al menos un empleado. En esos casos, se procede con el régimen tradicional.
Esto significa un 30% de la renta bruta cuando el ingreso es superior a los ¢106 millones. Cuando sea menor, las tarifas serán de 5% para los primeros ¢5 millones, 10% para los siguientes ¢2,5 millones, 15% para los siguientes ¢2,5 millones y 20% para más de ¢10 millones.
Paulo Villalobos
