Tomás Gómez
La Sala Constitucional declaró contraria a la ley la detención de 14 jóvenes por aparentemente no respetar las medidas sanitarias y ordenó a la Fuerza Pública abstenerse de repetir la acción.
Según la denuncia del defensor público Adrián Alpízar, los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche del 28 de abril, cuando un grupo de policías llegó a un galerón privado en la localidad turrialbeña de La Dominica y hubo una detención de las personas presentes.
Al considerar que los individuos estaban incumpliendo las restricciones del Ministerio de Salud, se confeccionó un parte policial, se detuvo a las personas y se les puso a disposición de la Fiscalía.
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Indicando que se trató de un accionar ilegal, arbitrario y abusivo por parte de las autoridades, el defensor Alpízar interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de los detenidos, el cual fue adoptado de manera parcial por los magistrados.
“Por mayoría, se declara parcialmente con lugar el recurso respecto a la aprehensión que sufrieron los tutelados por violación al artículo 37 de la Constitución Política. Se ordena a las autoridades recurridas abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron lugar a esta declaratoria”, indicó el alto tribunal.
De acuerdo con esa normativa:
Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.
A favor votaron los jueces Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Ronald Salazar y Nancy Hernández, esta última con una justificación diferente.
Paul Rueda y Anamari Garro, por su parte, rechazaron el reclamo.
El voto completo aún está en proceso de redacción pero el Poder Judicial ya condenó al Estado al pago de daños y perjuicios del caso, cuyo monto se definirá en la vía contenciosa administrativa.
Policía sigue sumando sanciones
Esta no es la primera vez que el actuar policial durante la pandemia es castigado por la Sala IV.
Ya a inicios de mes se había dado una primera condena por requisar vehículos durante los retenes de la restricción vehicular, una práctica que está vetada en el país.
Según la sentencia toda revisión de vehículos deber ser autorizada por sus conductores de manera «libre y expresa».
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En ese momento se recordó también que las operaciones de este tipo requieren de una noticia relacionada con hechos ilegales que justifiquen la actuación en zonas geográficas específicas.
Además, se había declarado con lugar el recurso por la detención arbitrataria de la surfista Andrea Díaz, quien protestó en Tamarindo por algunas de las restricciones contra la pandemia.
