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Sala Constitucional da curso a acción de universidades públicas, para evitar regla fiscal

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La Sala Constitucional le dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, presentada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) que representa a los líderes de las universidades estatales.

La acción pretende que los magistrados declaren inconstitucionales los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del título IV de la Ley, por estimarlos contrarios a los artículos de la Constitución Política que garantizan la independencia universitaria y el establecimiento del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

En la resolución, los magistrados señalan que la acción, si bien no frena la aplicación de un artículo en especial en este momento, sí detendría la aplicación de impugnaciones hasta que no se resuelva la acción de inconstitucionalidad a la que se le está dando curso.

OBSERVE MÁS: Presupuesto para universidades crecerá un 2,3%

El documento se presentó con la firma del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen; su homólogo del Instituto Tecnológico (TEC), Julio Cesar Calvo; el de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom; y de Rodrigo Arias por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) así como de Marcelo Prieto Jiménez, en su condición de rector de la Universidad Técnica Nacional.

El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que “es una prerrogativa de todos los ciudadanos acudir a la Sala Constitucional para plantear situaciones que consideran contrarias a las disposiciones de la Constitución. Nosotros seremos respetuosos de las decisiones de la Sala Constitucional”.

La decisión de la Sala se da en el contexto del acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en que se definió que el monto para el FEES del 2020 sea de ¢512.81,51 millones y para la Universidad Técnica Nacional el presupuesto será de ¢35.677,88 millones, lo que implica un crecimiento del 2,3% con respecto a este año.

En contra de la regla fiscal

Asimismo la Sala informó que entre los principales argumentos, se manifiesta que el artículo 26 del plan de impuestos que entró en vigencia este año, se pretende aplicar a las universidades estatales la regla fiscal.

Además los rectores se quejan de que el artículo 17 “dispone reintegrar al presupuesto nacional cualquier superávit del presupuesto universitario, con lo que se estaría desviando el destino constitucional que posee la transferencia del FEES para ser utilizado en un fin distinto, lo que transgrede lo dispuesto en la Constitución”.

Constitucionalmente las universidades públicas cuentan con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.

Dentro de esos atributos se encuentra la definición y aprobación de su Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, de vigencia quinquenal; así como la formulación y aprobación de sus presupuestos institucionales para darle cumplimiento, sin la intervención del Poder Ejecutivo o de sus instancias de gobierno, aspectos que se ven violentados por los artículos impugnados.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de Conare, manifestó que es “importante defender lo establecido en la Constitución Política, ya que es el texto fundamental que define el modelo del Estado costarricense y es la base de todo el andamiaje jurídico nacional”, recogieron los magistrados en su resolución.

“Al admitirse la acción, se confiere audiencia por quince días al procurador General de la República, a la contralora General de la República y a la Ministra de Hacienda, para su correspondiente descargo en este tema”, finaliza el documento en el que la Sala ratifica que le da curso a la acción.


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