Sala IV avala obligatoriedad de vacunación de funcionarios públicos contra covid-19

Los magistrados de la Sala IV declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad que buscaba echar abajo el decreto que establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos de vacunarse contra el covid-19.

En la sesión del miércoles 5 de enero, y por medio del voto N°202200374, el tribunal constitucional concluyó que la medida dispuesta en la normativa accionada pretende, en defensa de un interés público, garantizar el derecho a la salud a nivel colectivo.

Como parte de sus argumentos, el accionante, un abogado de apellidos Hernández Mussio, señaló que el citado decreto lesiona los principios de igualdad, autodeterminación informativa y reserva de ley, entre otros, así como el derecho al consentimiento informado.

Pero los magistrados constitucionales subrayaron que no existe una vulneración al principio de reserva de Ley, toda vez que la aplicación obligatoria de la vacuna contra el covid-19 fue definida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Esto lo hizo de conformidad con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación.

“Se rechaza por el fondo la acción respecto de la alegada violación a los principios del consentimiento informado, de jerarquía de las normas, de convencionalidad, de reserva de ley, de autodeterminación informativa; y del derecho a la vida y la salud”, indica la Sala IV.

Vacunación obligatoria

Según las disposiciones más recientes, la vacunación en Costa Rica es obligatoria para todos los funcionarios públicos. Además, se habilita a los patronos privados a implementar la regulación.

Quienes se nieguen pueden recibir sanciones que van desde una multa económica hasta el despido.

Desde febrero del 2021, se estableció que la vacunación es obligatoria para los funcionarios del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Cruz Roja Costarricense y aquellos que laboraran en la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS).

A partir de setiembre se definió este requisito para todos los funcionarios públicos, además de los privados (estos según disposiciones del patrono).

Entre las razones que fundamentaron esta decisión estaban la cantidad de casos covid-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante Delta y la elevada ocupación hospitalaria. Esto tiene un mayor impacto en especial entre personas no vacunadas.

Según el corte más reciente entregado por Casa Presidencial a El Observador, seis instituciones tenían más del 10% de la planilla sin vacunar:

• Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart): 92 personas sin vacunar (42,2% de la planilla total)
• Ministerio de Relaciones Exteriores: 133 para un 38,6%
• Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica: 108, para un 21,8%
• Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): 52 (15,3%)
• Junta de Protección Social (JPS): 62 ( 14,9%)
• Procuraduría General de la República: 34 (10%)

Entre otras instituciones, el 59,3% de la planilla de Recope, el 49,9% del Ministerio de Seguridad y el 47% del IFAM.