Tomás Gómez
La Sala Constitucional resolvió por unanimidad un recurso de amparo a favor del presidente Rodrigo Chaves porque la Comisión Investigadora de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa que revisó las finanzas de la campaña que llevaron al mandatario a Zapote no lo recibió en audiencia para escuchar su versión de los hechos.
Los magistrados consideraron que este proceder de los legisladores lesionó el derecho de la defensa de Chaves y por eso anularon la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo contra Chaves de “(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)”.
El alegado ante el órgano constitucional lo interpuso la diputada Ada Acuña, que asumió la representación del oficialismo en el foro tras el retiro de Pilar Cisneros.
Ella reclamó que la Comisión emitió un informe donde se fustiga a Chaves, sin que se le llamara a comparecer. Con eso, alega Acuña, se estuvieron “violando sus garantías fundamentales y el principio de igualdad” y se hizo extensivo por el hecho de que el Plenario acogiera el informe cuestionado.
Lo que dicen los magistrados
En la sentencia, por unanimidad, los magistrados constataron que hubo una lesión al derecho a la defensa, puesto que, durante su vigencia y todo el período de trabajo, la Comisión Investigadora no otorgó audiencia al mandatario, lo que resulta contrario a lo contemplado en el artículo 39, de
la Constitución Política.
Se recordó que ya en casos anteriores la Sala Constitucional había condenado el hecho de que una Comisión Investigadora emitiera recomendaciones contra un investigado, sin que se le diera comparecencia oral.
Además, el Tribunal Constitucional insiste en que aunque se trate de un proceso de control político, no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el Plenario Legislativo apruebe el informe.
“En consecuencia se anula, en lo que concierne al presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130”, acota el voto.
La sentencia es la 2024-16848 y el texto completo todavía está en proceso de redacción.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, reiteró el hecho de que ya se ha advertido que se deben respetar las garantías en una investigación.
“Constituye una violación de los Derechos Fundamentales del alto funcionario de la República”, sostuvo.
Es por ello que queda sin efecto la sugerencia de que se inhabilitara para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales. Destaca que paso que se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por el error legislativo.
El presidente Chaves había hecho el reclamo público de que los diputados de la comisión que investigó el financiamiento de los partidos políticos durante la pasada campaña electoral no escucharon su versión (Foto por Ezequiel BECERRA / AFP)
“Me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado”
El presidente Chaves ya había reclamado en conferencia de prensa los mismos hechos llevados a la Sala.
“A mí se me acusan y me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado, sin hacerme una pregunta en el proceso”. dijo tras la votación en Plenario en febrero pasado.
“Eso es inconstitucional y demuestra la manera en la que se manejó eso por la nefasta presidencia de la diputada que se enoja mucho, Dinorah Barquero, mejor me callo”, dijo Chaves.
El presidente calificó en ese momento lo ocurrido como “un circo” y reiteró el criterio de la diputada oficialista Pilar Cisneros que alega “errores lógicos y técnicos”.
Un año y el llamado descartado
La Comisión Investigadora se instaló en 2022 con el fin de analizar las finanzas de la campaña de aquel año, extendiendo su función hasta inicios del 2024.
Inicialmente se revisó a los seis partidos que lograron elegir diputados. Más adelante, sin embargo, el análisis se centró solo en Progreso Social Democrático por el tema del fideicomiso y Liberación Nacional por el polémico video de “Salto al Vacío”.
En el caso del oficialismo se llamó a figuras desde el vicepresidente Stephan Brunner y el Canciller Arnoldo André hasta personal de campaña. Aunque estuvo sobre la mesa la posibilidad de convocar a Chaves esta no llegó a concretar.
Sobre su campaña, el dictamen (votado por los representantes del PLN Dinorah Barquero y Francisco Nicolás; el frenteamplista Ariel Robles; así como la socialcristiana Vanessa Castro y el exdiputado liberal Jorge Dengo), señalaba supuestas irregularidades.
La conclusión principal del órgano legislativo es que el fideicomiso sí pagó gastos de la campaña electoral, los cuales no estaban reportados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que aseguran que sí constituyó en una estructura paralela, lo que genera un delito electoral.
“Rodrigo Chaves Robles fue actor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del Fideicomiso Costa Rica Próspera como una fuente ilegal de financiamiento de su Campaña”, decía el informe de 392 páginas.
