Tomás Gómez
La Sala Constitucional (conocida como Sala IV) analiza posibles defectos de forma y fondo en la denominada Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo, que buscaba condonar las deudas de 2.400 personas con la Banca para el Desarrollo a raíz de la pandemia.
La Contraloría General de la República (CGR) interpuso el reclamo. Según su criterio, la mayoría de los montos no se relacionaba con la crisis del coronavirus. Mientras se resuelve, se mantendrá congelada la normativa a manera de medida cautelar.
La ley en cuestión tendrían un impacto más de ¢6.000 millones, pero según la CGR el 82% del monto no se relaciona con la pandemia.
Eso, según la institución, tendría “efectos aquí cuestionados serían irreversibles y afectarían gravosamente la Hacienda Pública”.
“La condonación supuestamente busca mitigar el impacto que han tenido los sectores productivos ante la situación de emergencia provocada por el covid-19.
“Pero se está utilizando esa figura para perdonar deudas, devolver bienes y dar por finalizados procesos que no están relacionado con la pandemia”, indicó el Gerente de la División Jurídica, Iván Quesada.
Los reclamos de la Contraloría
Como errores de forma, el ente contralor enlistó:
- Por infracción al artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa: porque al aplicarlo en el trámite del expediente legislativo la moción fue aprobada por 41 diputados a favor, tuvo 3 en contra y 2 clasificados como “No votación”. De modo que la decisión no fue adoptada de forma unánime. Pero, además, viola el principio de publicidad.
- Por falta de conexión entre la exposición de motivos del proyecto de ley y su articulado: se enlistan beneficiarios ajenos al covid-19.
Respecto al fondo, las críticas fueron:
- Por la violación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad de la norma.
- Por la ausencia de estudios técnicos, violación a los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos. Segín la CGR, no queda claro cuáles fueron los verdaderos motivos que justifican la condonación de las deudas, ni la congruencia entre el medio escogido y el fin buscado, lo que a su vez se agrava pues dicha normativa no permite identificar quienes serán los verdaderos beneficiarios.
La causa se sigue como una acción de inconstitucionalidad y se tramita bajo el expediente 21-010643-0007-CO.
La ley de condonación de deudas de Banca para el Desarrollo fue aprobada por los diputados el pasado mes de febrero (Archivo)
