Tomás Gómez
La Sala Constitucional resolvió tres acciones que pesaban contra la Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como “Ley de tope a los intereses” o “Ley de usura”.
En primer término se rechazó la acción interpuesta a nombre del dirigente sindical Albino Vargas. Además de una segunda de una ciudadana de apellidos Mena Rojas.
Para el tercer caso, interpuesto por el Banco Popular, los magistrados sí deliberaron, encontrando inconsitucional una parte del Artículo 44 ter.
Este señalaba que las personas o instituciones que otorguen préstamos con condiciones que afecten en salario mínimo serían sujetos de sanciones. Los parámetros del castigo se fijaban según la ley del Banco Central e iban del uno por ciento (1%) al dos por ciento (2%) del patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción.
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“Se declara parcialmente con lugar la acción; y, en consecuencia, se anula, por inconstitucional, el párrafo tercero, del artículo 44 ter, de la Ley N° 7472, por los efectos que produjo durante su vigencia”, señaló la Sala IV.
La voto integral aún no está lista pero será recogida en la sentencia 2021-011995.
En el debate participaron los magistrados Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Paul Rueda y Nancy Hernández. También estuvieron Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Anamari Garro.
Tras conocer la sentencia, el Banco Popular aseguró que será una herramienta para seguir brindando préstamos.
“Nuestra acción siempre tuvo como base prioritaria a las personas trabajadoras y el evitar todo tipo de exclusión financiera, más en un momento como el actual”, mencionó el Gerente General, Marvin Rodríguez.
