Marco Marín
La Sala Constitucional rechazó por el fondo una acción de inconstitucionalidad presentada por el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, contra la ley 9851 .
El recurso interpuesto por el funcionario buscaba impugnar la legislación que permite a las empresas ubicadas en zonas francas exonerar el Impuesto sobre bienes inmuebles.
También habilita a las empresas que tuvieron que pagar dicho tributo, durante los últimos años, a interponer los procesos de devolución del mismo, ante las municipalidades respectivas.
“Por mayoría este miércoles 14 de abril, el Tribunal resolvió que no existe violación alguna a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo impugnaba el accionante (…).
“Puesto que el contenido de la interpretación auténtica guarda estrecha relación y conexidad con lo dispuesto en la norma que se interpreta, sin que exceda, agregue o innove su contenido”, explicaron los Magistrados.
El martes también se presentó una coadyuvancia de la Cámara de Industrias de Costa Rica en contra del recurso.
Enrique Egloff, presidente de la agrupación, indicó que con su participación buscaban que los magistrados rechazaran “ad portas” la acción de inconstitucionalidad presentada por el funcionario contra la normativa aprobada el año pasado.
En su opinión, esa acción de inconstitucionalidad dañaba la imagen del país.
“Erosiona la confianza y el clima de negocios de nuestro país, aspectos fundamentales para la atracción de inversión extranjera. Confiamos en que la Sala Constitucional proceda, según corresponda, para garantizar la seguridad jurídica y respetar las condiciones para las empresas que han invertido y deseen invertir en Costa Rica”, reclamó Egloff.
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Crítica
Esa es la misma crítica que otros sectores habían externado, entre ellos la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras).
Durante una entrevista con El Observador, el presidente de Azofras, Carlos Wong, se manifestó en la misma línea que Egloff y aseguró que el municipio pudo haber resuelto la situación hace un año.
“La Municipalidad tuvo la oportunidad de haber presentado su caso en la Asamblea Legislativa y buscar una resolución ahí. Lo que nos preocupa es una situación que lo que hace es generar dudas”, externó el viernes pasado.
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Polémica acción
Previo a esta legislación, muchos municipios no otorgaban dicha exención a las empresas bajo el régimen de zona franca aduciendo que la Ley 7210 no contemplaba expresamente dicho tributo. Dicho beneficio se da durante un periodo determinado por dicha normativa.
La ley 9851 también habilita a las empresas que tuvieron que pagar dicho tributo, durante los últimos años, a interponer los procesos de devolución ante las municipalidades respectivas.
Precisamente, por esta razón Soto acudió a la Sala Constitucional. El alcalde manifestó que la intención primordial es evitar una repentina devolución millonaria por dineros que fueron recibidos de “buena fe”.
A pesar de dicha acción, el jerarca subrayó que interpuso el recurso para esclarecer la situación de los fondos ya recibidos por su municipio. Agregó que, de ninguna forma, se opone a la existencia del Régimen Especial ni de los beneficios que conlleva.
Planes de inversión
Tanto para Azofras como para industriales y exportadores, esta acción representa un arma de doble filo ya que podría atentar contra planes de inversión en el país, a corto plazo.
“La CICR respalda el régimen de zona franca y reconoce su importancia para el país. Brinda empleo para miles de costarricenses, responsable de más de la mitad de las exportaciones de bienes, generador de encadenamientos productivos, fuente de buenas prácticas e investigación y desarrollo.
“Reiteramos la necesidad de que se garantice su seguridad jurídica para que Costa Rica siga siendo un destino de inversión”, agregó Egloff.
Las Zonas Francas del país cobijan aproximadamente al 0,5% de las empresas del país, estas representan más de la mitad de las exportaciones. Así lo demostró un estudio del 2019 realizado por la Promotora de Comercio de Costa Rica (Procomer).
Precisamente, la industria de dispositivos médicos ha sido uno de los principales motores de la economía nacional. Gracias a un auge en las exportaciones de estos productos, el país registró, el año pasado, un aumento del 1,9% en las exportaciones, en comparación con el 2019.
A las críticas contra la acción presentada por Soto también se sumó recientemente el diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón.
Marco Marín
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