Tomás Gómez
Los temas relacionados con el covid-19 siguen escalando a la Sala Constitucional, donde ahora le tocó el turno a los tratamientos con dióxido de cloro.
Un hombre de apellido Quirós recurrió a la Sala IV para reclamar en contra del Ministerio de Salud por no estar usando terapias con el compuesto químico, sobre el que hay posiciones encontradas.
Según el reclamo, la terapia podría ser más barata y efectiva, por lo que se pedía que al menos se iniciaran estudios sobre su impacto.
Como ha ocurrido con otros temas de la pandemia, los magistrados tomaron distancia y remitieron al criterio experto.
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“La Sala no puede usurpar las atribuciones de las autoridades competentes en temas de salud pública, las cuales en aras de proteger a la ciudadanía en virtud de la declaración de emergencia nacional y la alerta establecida con relación a la pandemia covid-19, y bajo criterios técnicos científicos, deben establecer los medicamentos que se pueden prescribir a los pacientes con el citado virus”, indicaron.
“Este Tribunal no es un órgano técnico y no puede sustituir criterios técnicos y científicos de las autoridades recurridas, a fin de determinar si resulta procedente o no su pretención”, agregaron.
La resolución se dio mediante el voto 1654-2021. En él se rechaza el recurso y se insiste en que los reclamos de esa índole deben presentarse en vía administrativa con los entes de salud y no en estrados judiciales.
Más desencuentros por el dióxido de cloro
De manera general, los defensores del dióxido de cloro han defendido su uso como terapia alternativa.
El Ministerio de Salud ha sido retisente a dar cualquier espacio al tema y censuró su promoción.
Incluso se llegó a girar una orden sanitaria contra el político Rolando Araya, que promovía el tema del dióxido de cloro. A él se le señaló por comentarios en programas radiales y videos en redes sociales.
La medida fue recurrida también ante la Sala IV, que falló a favor de Araya por un tema de libertad de expresión.
En ese momento, como ahora, los magistrados insistieron en que no les corresponde evaluar el uso de medicinas.
