Tomás Gómez
Menos de 48 horas después de que el Gobierno publicara el decreto de vacunación obligatoria contra el covid-19 para empleados públicos, comienzan a llegar los reclamos en la vía judicial.
La Sala Constitucional confirmó que ya se presentaron ante ellos un recurso de hábeas corpus (expediente 21-20240) y un amparo (expediente 21-20426) contra la medida.
En el primero, una funcionaria pública reclamó que se enteró de la vacunación obligatoria por las noticias. Según ella, es alérgica a varios medicamentos, por lo que inyectarse “podría significar un riesgo”.
Para el segundo caso, otro burócrata reclama porque, según él: “no se conocen los efectos a largo plazo de la vacuna, y que someter a una persona a un experimento científico, sin su consentimiento, atenta contra los derechos humanos”.
Su acción se dirige contra el Presidente de la República y el Ministro de Salud, alegando que al hacer obligatoria la vacunación, se viola el consentimiento informado.
Los magistrados aún analizan la admisibilidad de los recursos.
Todos los burócratas a vacunarse
Tras el anuncio hecho dos semanas atrás, el lunes fue publicado el decreto N° 43249-S; que regulará la obligatoriedad de la vacunación para toda la planilla estatal.
Según dispone el texto, cada institución fijará los métodos para cumplir la orden y establecer posibles sanciones.
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Como lo había adelantado el Ministro de Salud, Daniel Salas, las personas con alergias y contraindicaciones comprobadas estarían exentos de la obligación. Ese punto es retomado en el decreto.
La norma entrará a regir el viernes 15 de octubre.
La justicia respaldó vacunación
Desde que arrancó la vacunación contra el covid-19 en diciembre anterior, diferentes reclamos se elevaron a la vía legal.
La Sala IV, que desde el 2000 había respaldado la obligatoriedad de algunas vacunas en Costa Rica, mantuvo su línea en favor de la ponderación de derechos.
Los reclamos también escalaron a la vía contencioso administrativa. Ahí, los jueces fueron duros al rechazar los alegatos del personal de salud que no quería vacunarse.
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“La negativa de aplicarse la vacuna contra el covid-19 tiene implicaciones para la salud pública y para el servicio de salud de importante relevancia; dado que se trata de un miembro del personal de salud que mantiene contacto con los usuarios, pacientes, compañeros de trabajo, familiares y otras personas en sus actividades cotidianas.
“Por tanto, tiene mayor posibilidad tanto de contagiarse como de contagiar a otras personas”, señaló la jueza Karen Calderón en la sentencia 200-2021-T.
A lo largo de la pandemia, la Sala IV ha tenido que atender los más diversos reclamos que van desde quejas por la restricción vehicular hasta la vacuna (Cortesía)
