Tomás Gómez
Tras una seguidilla de cinco condenas por su condecendencia con los bloqueos, la Sala Constitucional dio la razón a las autoridades en su proceder durante la manifestación frente a la Casa Presidencial, el 12 de octubre.
La información fue compartida por el Ministerio de Seguridad, contra quien dos personas, de apellidos Brenes y Rojas, pusieron un recurso de habeas corpus por su actuación en la marcha.
Ambos reclamaron que hacían uso de su libertad de expresión cuando se usaron gases lacrimógenos pero los magistrados rechazaron el argumento.
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“Algunos de los participantes, además de manifestarse, pretendían violar el perímetro de seguridad y botar las mallas para ingresar a la Casa Presidencial. Algunos llevaban palos y tubos, con los que arremetieron contra los oficiales de policía, a quienes, además, lanzaron piedras”, determinó la Sala.
Ello, sumado a que la Policía adviertió a viva voz sobre las medidas a implementar terminó de legitimar la acción según el voto.
Finalmente, los denunciantes no demostraron lesiones mientras que algunos oficiales sí reportaron heridas.
Libertad de expresión no avala violencia según Sala
Las protestas de las últimas semanas dejaron una seguidilla de recursos tanto de amparo como de habeas corpus en la Sala IV.
A la fecha son 5 los que se han resuelto, condenado la innacción del Gobierno en contra de los tranques.
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“La Fuerza Pública se limitó buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad”, señaló el Tribunal.
“Las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación”, señaló.
Los altos jueces reprocharon, además, la gestión del autodenominado movimiento “Rescate Nacional”.
A su criterio, un bloqueo no tiene que ver con la libertad de expresión.
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“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras”, consideró la Sala.
Según la resolución de la Sala, recurrir a medios fuera de la ley para incidir en decisiones del país “significa un menoscabo a la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía, y el Estado Democrático de Derecho”.
