Tomás Gómez
El presidente Carlos Alvarado mostró su molestia por los cuestionamientos de la Corte Suprema de Justicia contra la Ley Marco de Empleo Público impulsada por su Gobierno.
Dos días después de que los magistrados decidieran, por primera vez en la historia, presentar una consulta de validez ante la Sala Constitucional, el mandatario cuestionó el instrumento jurídico tanto por la forma como por el fondo.
“La Sala ya ha planteado que, una vez que recibe un expediente, cualquier otra consulta está fuera de plazo y eso se lo ha dicho a los diputados, que son otro Poder de la República”, manifestó.
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Alvarado agregó que la Ley Marco de Empleo Público es clave para la estabilidad económica del país. En esa línea, agregó, hay que revisar los privilegios de los burócratas.
“Lo primero que esta por verse es si se va a aplicar un principio de igualdad o va a haber desigualdad y esa señal va a ser muy importante”, concluyó.
Sala verá el reclamo
Minutos después de las declaraciones de Alvarado, la Sala Constitucional decidió actuar contrario a su expectativa.
En una sesión este viernes por la tarde, los magistrados decidieron que verán tanto tres consultas hechas por diputados como la de la Corte Plena.
Así, todos los reclamos se acumularon en el expediente 21-011713-0007-CO, con el plazo de un mes para su resolución.
La herramienta nunca usada por los magistrados
El acuerdo de Corte Plena fue tomado por los 20 magistrados que partiparon en una sesión extraordinaria el miércoles pasado; tras enlistar por un par de horas sus críticas al proyecto.
Además, en la misma reunión se designó al presidente de la Corte, Fernando Cruz, como emisario para realizar el trámite.
En una primera votación, la Corte Plena ya había considerado que la Ley de Empleo Público alteraba su funcionamiento. Con ello se hizo obligatorio que alcance al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa para el proyecto entre en vigor.
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Tras una aprobación legislativa en primer debate, el presidente Cruz encabezó el nuevo recurso para cuestionar la ley.
El borrador del documento fue presentado por Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte. Este enfatizó en que el tener la rectoría de Empleo Público en el Ministerio de Planificación estaría afectando la autonomía de la administración judicial, que es un Poder independiente.
Estos fueron los altos jueces que respaldaron el acuerdo:
