Tomás Gómez
“La Ley de la Jurisdicción Constitucional vigente permite la consulta previa facultativa de constitucionalidad respecto a las iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades (ciudadana, legislativa o proveniente del Poder Ejecutivo), siempre que sea formulada por el Tribunal Supremo de Elecciones, a quien se le atribuye esta competencia”.
Así se resume la interpretación de los magistrados sobre la logística para analizar la constitucionalidad de un tema que vaya a ser sometido a referéndum.
En medio del debate sobre la “ley jaguar” que promueve el Poder Ejecutivo, 22 diputados habían elevado la consulta al alto tribunal, que rechazó entrar a pronunciarse en este momento específico. La posición se comunicó el viernes y el martes se notificó la sentencia completa de 32 páginas al Congreso, pudiendo entonces conocerse sus alcances.
Entre estos destaca que el TSE tendría algunos momentos donde proceder con la consulta:
- antes de autorizar la recolección de firmas
- antes de la convocatoria en las otras modalidades
En esa línea, se advierte a los diputados tendrían que dar una primera votación a un proyecto para poder ser ellos quienes pidieran el criterio del alto tribunal.
“Las personas legisladoras consultantes, en este momento procesal en que se encuentra el proyecto de ley que pretende someter a consulta popular, que es una etapa previa, inicial, no pueden promover este proceso de constitucionalidad”, apuntan la Sala como argumento para rechazar la consulta.
Los que no estuvieron de acuerdo
Uno de los aspectos que llama la atención de la sentencia es que se resolvió por la mínima, con apenas un voto de diferencia.
Cuatro magistrados sellaron el rechazo de la consulta (Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Ana Cristina Fernández y Alexandra Alvarado); no obstante, el resto (Paul Rueda, Anamari Garro e Ingrid Hess) sí respaldaban su revisión.
Esa ala disidente redactó un voto salvado donde alertan de que el procedimiento de aprobación en el Plenario no tiene dos debates como un proyecto tradicional; sino que se hace una ronda única donde se vota por hacer o no la consulta, sin entrar a conocer el fondo de la misma.
Ante esto, aseveran que ese proceso ya genera en sí mismo el acuerdo parlamentario, por lo que no hay viabilidad legal para hacer la consulta de manera posterior.
“Una vez que la Asamblea Legislativa (…)decida someter o no a referéndum la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo habrá agotado la competencia que le atañe en esta etapa. Su voluntad , sobre ese particular, se habrá formado y no podrá ya plantearse la consulta”, dictaminaron.
¿Qué sigue con el referéndum?
En la presentación del pedido de referéndum el Gobierno optó por dos vías: la legislativa y la de recolección de firmas.
Para el primer formato, se pide una votación a una ronda en la Asamblea Legislativa, necesitándose la mayoría simple de 29 legisladores a favor.
Según el cronograma que planteó el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, el trámite tentativamente quedaba para el 26 de junio. No obstante, el envío de la consulta trastocó los planes. Primero se indció que por tratarse de un rechazo igual seguirían adelante pero luego, apelando a la costumbre partamentaria, se acordó esperar el voto completo.
El texto se notificó el martes pero en la tarde, cuando ya se había levantado la sesión.
Rosalía Brown (que sustituye a Arias por incapacidad) expuso entonces que analizarán cómo proceder. Para este miércoles está agendada la comparencia anual de la Defensoría de los Habitantes y bancadas como Liberación Nacional y el Liberal Progresista habían pedido un espacio para analizar la resolución de la Sala.
Respecto al trámite de la solicitud de firmas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realiza los pasos iniciales con consultas y revisiones.
