Tomás Gómez
El salario escolar pagado a inicios de cada año no es un pago adicional sino un aumento diferido que le se le paga a los empleados públicos como parte de su salario ordinario.
Esa fue la conclusión a la que llegaron por unanimidad los magistrados de la Sala Constitucional, el jueves anterior, luego de que el exdiputado Otto Guevara presentara una acción en contra de la remuneración al considerar que esta no había sido creado por las oficinas encargadas.
La votación de los magistrados zanjó así una discusión de décadas sobre si el pago constituía un plus, lo que generaría un nuevo paradigma para su evaluación, sin embargo la tesis fue rechazada.
Según los altos jueces el establecimiento del pago, surgido en la Comisión Nacional de Salarios, respetó el debido proceso tanto legal como constitucional para ser reconocido como un aumento que se paga de manera retroactiva.
Para justificar la postura la Sala retomó su sentenca 722-98 donde ya se había reconocido al salario escolar como “una suma que ya se encontraba dentro del patrimonio del trabajador por cuanto ya había sido reconocida por éste e incluida dentro del salario a percibir, sólo que se le paga en forma diferida”.
La decisión fue dada a conocer este martes y está redactada por el presidente de la Sala, Fernando Castillo, junto a los magistrados suplentes José Pauliono Hernández, Alejandro Delgado, Lucila Monge, Alicia Salas, Ronald Salazar y Ana María Picado.
Los magistrados propietarios se inhibieron de participar en la discusión por ser tratarse se funcionarios públicos que reciben la misma remuneración.
Una creación indefinida
El reconocimiento del salario escolar surgió para los empleados del Gobierno central y se ha extendido a otros entes públicos por negociaciones particulares o convenciones colectivas.
Su régimen jurídico fue debatido varias veces y cuestionado. Además, en medio de escenarios recientes como la pandemia de COVID-19 algunos sectores llegaron a proponer su eliminación o congelamiento.
La toma de medidas estaba supedita, sin embargo, a la definición legal aportada este martes por el alto tribunal.
