Juan Pablo Arias
El plan de salvamento anunciado por el Gobierno para personas con alto nivel de endeudamiento conlleva una serie de riesgos que, si se llegan a materializar, podrían traer más problemas que soluciones.
El viernes de la semana anterior, el Presidente Carlos Alvarado informó sobre un programa para extender plazos y reducir tasas de interés a personas cuyas deudas superen el 40% de sus ingresos.
Para ellos propone planes de consolidación de préstamos con una tasa anualizada del 12% y plazos de hasta 20 años para pagar, cifras similares a las de un crédito de vivienda.
El Observador consultó a un grupo de cuatro economistas, todos con experiencia en la función pública y de diferentes ideologías políticas para conocer su opinión y análisis sobre el programa ofrecido por el Gobierno.
La principal coincidencia es el mensaje negativo que se envía a la sociedad, al facilitar que desde la banca pública se solucione problemas de incobrabilidad en otros sectores, como la banca privada, las cooperativas o las empresas no reguladas.
Arriesga indicadores
Para el economista Dennis Meléndez, ex regulador general, el primer problema surgirá en los indicadores del sector bancario público, pues las entidades tendrían que obviar regulaciones prudenciales de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que podrían afectar su calificación.
“No me cabe en la cabeza cómo van a fijar tasas preferenciales para préstamos a 20 años, cuando la lógica financiera -salvo situaciones raras en los mercados- dice que a mayor plazo, mayor rendimiento y, por consiguiente, mayor tasa de interés. Es muy raro ver una curva de rendimiento con pendiente negativa”, indicó.
La misma precaución sobre los indicadores fue advertida por el economista José Luis Arce, de la firma FCS Capital, y quien fungió en el pasado como presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“Como todo en el mundo de las finanzas, debe tenerse cuidado con la forma en cómo se implemente (el programa) pues no es algo que pueda hacerse vía decreto bajando tasas u obligando a cambiar las condiciones a ciertos bancos, pues puede afectarles negativamente en su solvencia o en sus resultados financieros”, comentó.
Discriminatorio y genera riesgo moral
Otro de los problemas que puede acarrear el programa anunciado se relaciona con la naturaleza discriminatoria de la medida.
“A los malos pagadores se les da un trato preferencial que no se les da a los buenos pagadores. Un recurso de inconstitucionalidad debería tener éxito”, opinó Meléndez.
Por otra parte, resaltó que la motivación no queda clara pues en la aplicación del salvataje los beneficiados podrían ser otros.
“Si lo aplican solo a los clientes de los bancos, el programa es innecesario, pues la readecuación de deudas ya existe. Si se extiende para salvar el pellejo de los bancos privados y las cooperativas, entonces es un pésimo antecedente: tomar plata de las utilidades de los bancos públicos para sacar las castañas del fuego de los privados. Eso, me sigue sonando como ‘una piñata’”, aseveró.
En la misma línea opinó el economista Eli Feinzaig, ex viceministro de Transportes y líder del Partido Liberal Progresista, quien cree que este plan introduce “riesgo moral”, el cual consiste en la ausencia de un incentivo para cubrir los riesgos cuando las entidades (o personas) creen que están protegidas de sus consecuencias.
“Al deudor actual y potencial se le dice que no importa cuán irresponsable sea en el manejo de sus finanzas, el Estado -por medio de sus bancos- va a venir a rescatarlo. Por otra parte, premia a los bancos y otras entidades financieras que han actuado irresponsablemente para hacer crecer sus carteras de crédito cuando la demanda de crédito para inversión productiva estaba contenida”, explicó.
Según su análisis, en el pasado se otorgó créditos de consumo a personas sobreendeudadas y hubo casas comerciales que para incrementar sus ventas también otorgaron créditos a personas que nunca debieron recibirlos.
Específicamente en este punto coincidió con el economista Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda e investigador de la Universidad Nacional.
“La propuesta en el fondo estaría convirtiéndose en una medida de salvamento para las entidades financieras, particularmente las que fueron displicentes y poco responsables otorgando crédito a personas con poca o ninguna capacidad de endeudamiento, o lo hicieron a tasas sumamente elevadas. Con esta medida ahora les van a quitar los créditos ‘malos’ del balance a estas entidades financieras”, comentó.
No soluciona el origen del problema
Para Feinzaig, una de las mayores debilidades del plan de salvamento es que ataca el problema en sus síntomas y no en sus causas.
“Si la gente está sobreendeudada y las tasas de interés son tan altas que asfixian, tenemos dos problemas de fondo: una muy pobre educación financiera de la población en general y una estructura muy poco competitiva en los mercados financiero y bancario”, dijo.
A su juicio, el tipo de educación financiera que ataca el problema en su raíz es la que se diseña para evitar que la gente caiga en una situación así y se ofrece de forma masiva por medio del sistema de educación formal desde la escuela y el colegio.
“La ‘educación financiera’ que ofrece este plan es solo para las personas que ya están con la soga al cuello y no evita que otras personas caigan en esa situación. Lo cual es una preocupación legítima porque un programa de salvataje como este envía al consumidor la señal perversa de que no importa cuán irresponsable sea, siempre va a haber alguien que lo rescate”, comentó.
En cuanto a la poca competitividad de los mercados financieros, Feinzaig cree que esto se traduce en elevadas tasas de interés, pues el proyecto no hace nada por corregir la presencia de operadores con alto poder en el mercado, como el de tarjetas, o con ineficiencias operativas, como la banca pública.
Arce, de FCS Capital, es más optimista y cree que el plan puede apoyar tanto en la solución de las consecuencias como en la atención de las causas, aunque no es suficiente.
“Para mi gusto falta cambios en la supervisión y regulación a cargo de Sugef y el Banco Central, para que se implementen acciones macroprudenciales que eviten expansiones muy aceleradas del crédito como las que hemos visto en los últimos 15 años”, comentó.
Efectividad está en duda
Tanto Arce como Feinzaig opinaron que la efectividad el plan de salvamento todavía está por verse.
“Las personas objetivo de este programa, asalariados sobreendeudados, tienen un perfil de riesgo elevado, de manera que los bancos se cuidarán mucho a la hora de otorgarlos. Es muy probable que los principales beneficiarios terminen siendo empleados públicos, porque su estabilidad laboral compensa el riesgo para los bancos. Pero el empleo público representa un 15% de la fuerza laboral y no todos ellos están con problemas financieros. De manera que el impacto de este plan para la reactivación económica será muy limitado”, describió Feinzaig.
Una duda similar expresó Arce. “Habrá que ver la forma final que el programa tiene. Por lo pronto creo que es una llamada de atención sobre un problema evidente, ajustar los balances de los hogares y las empresas muy endeudadas tomará tiempo y creo que no es claro que las opciones de consolidación y mejora en condiciones de crédito sean lo suficientemente atractivas y fáciles de acceder como para que funcionen realmente”, indicó.
