Tomás Gómez
Las diputadas de la Zona Norte consideran que, con el cierre del arbitraje que rechazó la demanda millonaria de Infinito Gold contra Costa Rica, el Gobierno queda comprometido a intervenir en la región de Crucitas.
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Tanto la liberacionista María José Corrales como la socialcristiana María Inés Solís coincidieron en que Crucitas enfrenta ya un desastre no solo ambiental, sino económico y social.
“Ya es hora de que el Gobierno deje de evadir el tema y asuma y su responsabilidad, ya es hora de que deje de minimizar este desastre y proponga o al menos apoye una alternativa para dar una salida viable a este problema”, dijo Corrales.
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La verdiblanca aprovechó para pedir avanzar con el proyecto 21.584 que regularía la minería ilegal que sigue habiendo en el lugar.
Desde las filas del PUSC, la diputada Solís fue aún más crítica y afirmó que “el oro que tiene esta zona de Crucitas se lo están llevando hacia otros lugares, se lo están robando y el Estado no está logrando capitalizar nada de esto”.
“Habiendo pasado el arbitraje ya no hay pretextos para que solucionen el gran problema que existe en la zona”, sostuvo.
Costa Rica se salvó de millonaria demanda por Crucitas.
Viejo litigio
La polémica judicial por el caso Crucitas llevaba más de una década abierta.
En el 2010 el Tribunal Contencioso Admintrativo anuló los avales que tenía la firma para explotación metálica. Ello dio pie a una batalla jurídica primero local y luego internacional.
Mientras el caso se cerraba ante la justicia nacional, en el 2014 se registró el proceso ante el Ciadi. Se tuvo como base el “Acuerdo entre Costa Rica y Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.
La demanda comenzó a caminar en el 2016 y tras audiencias y contestanciones en en los dos años posteriores se dio la reunión final en el 2019. Arrancaron entonces las deliberaciones y revisiones adicionales que condujeron a la resolución final de este viernes.
Según el laudo final, Costa Rica sí vulneró los derechos de las empresas al establecer una prohibición habiendo concesiones en curso. No obstante, se determinó que Infinito Gold no demostró la afectación por la que exigía casi $400 millones.
Los coligalleros han mantenido una operación ilegal para extraer oro en la zona donde Crucitas desarrollaría su actividad (MSP)
