Allan Arroyo
La primera sentencia contra la empresa Uber en Costa Rica es “casuística” y solo un antecedente, considera el doctor en derecho laboral, Eric Briones.
En entrevista con El Observador, el experto explicó los alcances de la resolución del Juzgado de Trabajo de Desamparados, que reconoció la relación laboral entre un conductor y la plataforma de transporte por casi seis años.
La primera sentencia, dada a conocer el martes anterior, obliga a Uber al pago de algunos derechos, entre ellos: el acumulado por vacaciones, aguinaldos y los rubros de la seguridad social.
Para Briones, la resolución debe tomarse con cautela. “Es una sentencia que no está en firme. Esto significa que si se apela, va a ser revisada por un superior”, explicó.
El experto amplia que la próxima etapa es la revisión por tres jueces, y no una sola persona, como sucedió en la primera instancia. Briones recomienda estar a la expectativa, por ser un proceso que puede tomar de dos a seis meses para tener una resolución final.
El abogado explica que la primera resolución identifica tres elementos para confirmar la relación laboral entre el conductor y Uber: “la remuneración, la prestación personal y la subordinación”, establecidos en el artículo 18 del Código de Trabajo.
Pese a esto aclara, que no hay garantía de que otros jueces lo vayan a interpretar de la misma forma y agrega que para crear jurisprudencia, “se requieren de tres fallos consecutivos”.
OBSERVE MÁS: Uber Costa Rica reacciona tras sentencia judicial en su contra: “No aplica para todas las personas”
Costa Rica urge de reglas
Uber empezó a operar en el 2015, con buena aceptación entre conductores y usuarios. Desde entonces, se fueron sumando otras plataformas de transporte, entre ellas Didi, y el país sigue son regular la actividad.
Ante es panorama, también están las exigencias y reclaman los de los taxistas formales, que califican estos servicios como una competencia desleal.
“Como costarricenses, considero que debemos regularlo, pero con una legislación específica, opina Eric Briones.
El abogado laboral agrega que de este reciente caso judicial, el provecho y lección que puede sacar el país es la necesidad de impulsar una propuesta que termine con la incertidumbre de las empresas, y de las mismas personas que se unen a estas plataformas de transporte.
Briones amplia que en el mundo hay países que definieron, por ley, una relación laboral y, en otros casos, lo estableciendo como trabajadores independientes. Francia lo considera así, pero con la exigencia de cubrir la seguridad social.
En Costa Rica, se conoce de al menos tres proyectos sobre el tema: dos que no marcan esos derechos del conductor y uno que sí, comenta el jurista.
El gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, reafirmó el viernes que presentarán un proyecto de ley en mayo para regular las plataformas. Inclusive el mandatario aseguró haber revisado ya varios borradores.
La actual administración pretende llevar un texto consensuado entre taxistas y conductores de plataformas. En otras oportunidades han hablado de “nivelar la cancha” entre ambos sectores.
OBSERVE MÁS: Gobierno anuncia que en mayo presentará ley sobre apps de transporte; Presidente ha revisado “varios” borradores
Reacciones ante el fallo
Sobre la sentencia dictada, en primera instancia, a favor del ex conductor de Uber, tanto el mandatario Chaves, como el Ministro de Trabajo, Andrés Romero, mantuvieron la tesis de que no se trataría de un criterio de aplicación general.
“Esa sentencia hace referencia a un caso en particular. No existen elementos en estos momentos para decir que se a la generalidad de las personas que se dedican a eso”, señaló el presidente.
La empresa Uber mantiene ese mismo criterio y anunció la apelación.
“En todo caso, lo que se dicte en este proceso aplicaría solo para el caso particular de esta persona”, señalaron ante consulta de este medio.
“Debemos aclarar que esta sentencia no cataloga como fraudulento o ilegítimo el modelo de operación de Uber, ni aplica para todas las personas que prestan servicios independientes de transporte como socios colaboradores”, ampliaron en la respuesta.
El abobado defensor del denunciante, David Delgado, reconoció también que la sentencia no está en firme y que tampoco se aplica de forma inmediata a otros conductores.
Considera, eso sí, que este criterio legal podría ser usado como base por aquellas personas que consideren que han debido contar con los mismos derechos que el denunciante de este caso, y que deseen iniciar su propia demanda.
El exdiputado, Otto Guevara, utilizó las redes sociales para cuestionar y calificar de “devastadora” la sentencia, si quedara en firme, por los efectos, que dice, podría tener para los conductores que ven en las plataformas su sustento, e inclusive para los usuarios.
También nos afectaría seriamente a todos los usuarios de servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos a domicilio. Habría menos servicios y mucho más caros. Resumen: perdemos los consumidores y miles se quedarán sin poder generar ingresos con esos servicios
— Otto Guevara Guth (@OttoGuevaraG) March 28, 2023
Algunos sectores consideran que este tipo de resoluciones podrán provocar en un mayor plazo, menos inversión de estas empresas de tecnología y transporte en Costa Rica.
