Josué Alvarado
Desde distintos sectores la recomendación es la misma: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe cambiar su rumbo si quiere que disminuya el gran número de trabajadores que se mueven en la informalidad.
Debido a esta condición no solo están desprotegidos por el sistema social (seguro médico y pensión). También representan menos ingresos para la institución, pues como no reportan sus actividades económicas, no pagan impuestos.
El problema ha sido señalado una y otra vez.
Pero un rápido análisis de las cifras permite concluir que a pesar del paso de los años y los cambios de administración el escenario sigue siendo el mismo.
La más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que el porcentaje llega a 44% para el periodo marzo, abril y mayo.
Es decir, de cada 100 personas ocupadas 44 laboran en la informalidad. Esto representa a unas 950.000 personas.
Tres administraciones han llegado a Casa Presidencial desde el 2011 y desde entonces el número no baja, aunque ha sido levemente más alto durante los últimos años.
"Facilitar el cumplimiento"
Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendaba a Costa Rica "adoptar las regulaciones para facilitar el cumplimiento" de los trabajadores.
De esta forma, ante un escenario más favorable, los trabajadores del sector informal podrían pasarse al formal: contar con seguro social y aportar a una institución con grandes necesidades financieras.
El estudio económico de la OCDE del año 2020 señalaba que el país dado algunos pasos para aumentar la formalización, sin embargo era insuficiente.
"La informalidad es alta y es probable que aumente aún más después del impacto del covid-19 (...) Afecta particularmente a mujeres y trabajadores poco calificados. Los migrantes, las personas con discapacidad y la población indígena también enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral formal", dice el informe de la OCDE.
"Visión más estratégica"
El Gobierno de Rodrigo Chaves convocó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que es autoría del exdiputado socialcristiano Pedro Muñoz.
Se trata del expediente 21.434, que entre otras cosas permite que los trabajadores independientes e informales paguen cobros retroactivos por cuatro años y no por 10, como es actualmente.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que "se pretenden eliminar los cobros retroactivos de 10 o más años, muchos de ellos ruinosos, y en detrimento de la posibilidad de incorporar a la seguridad social a más del 50% de los trabajadores independientes formales".
Para el economista Gerardo Corrales esta parece una buena ruta. Además, reconoce que, de dar el paso, significaría un gran cambio en la ruta que ha seguido la CCSS por años, cuya posición es que no puede dejar de percibir los ingresos de esas deudas, aunque no las paguen.
Corrales señaló que se necesita "un cambio de concepto y una visión más estratégica que seguir en el modelo antiguo".
"Eso lo que hace es desestimular y mantener la informalidad. Sería sano para las finanzas de la CCSS que se de la flexibilidad", añadió .
Otras rutas podría seguir la institución para bajar la informalidad, comentó Corrales. Entre ellas implementar el pago proporcional por tiempo laborado y quitar la base mínima contributiva.
Además, recomienda que las cargas sociales se impongan a las nuevas empresas gradualmente, de forma que los primeros años paguen menos para que superen el periodo que necesitan para fortalecerse.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Álvaro Jenkins, cuestiona qué ha hecho el país por cumplir con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para migrar hacia la formalidad.
Dicha agrupación también había denunciado que los permisos de funcionamiento y las altas tasas de impuestos se percibían como los empresarios del país como los principales obstáculos para disminuir la informalidad.
El proyecto de ley 21.434 ya fue dictaminado en comisión y el 30 de marzo del 2022 fue remitido a la Secretaría el Directorio Legislativo, para que ingrese al orden y sea votado por los diputados.
