La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) aseguró esta semana que si bien comparten la preocupación por la aparición de casos de COVID-19 en fincas agrícolas y apoyan las inspecciones sanitarias que se realizan, no comparten la manera cómo se han realizado los operativos de inspección.
Por esto, solicitan que las inspecciones se realicen en “términos de cortesía” y no de “intimidación y persecución”, así como que se evite incorporar oficiales de la Fuerza Pública “con armamento militar”.
“No se comparte la forma prepotente con la que han actuado algunos funcionarios durante las inspecciones interinstitucionales a las y fincas agropecuarias (…), donde han amedrentado a los agricultores con la presencia de los oficiales de la Fuerza Pública fuertemente armados”, señaló la Cámara.
Ante estas declaraciones de la CNAA, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, dijo que hasta el momento no se registran incidentes graves que requieran el uso de la capacidad policial y que las inspecciones se han llevado “con bastante tranquilidad”.
“No hemos recibido quejas o denuncias formales sobre eso que mencionan. Los mecanismos para esas denuncias existen (…), hasta el día de hoy no tenemos”, señaló Calderón.
Asimismo, indicó que los oficiales de la Fuerza Pública portan consigo las armas reglamentarias y que cada equipo de trabajo o radiopatrulla tiene al menos un arma de apoyo de mayor capacidad tipo fusil.
“Es lo normal que utilicemos tanto en ciudad como en frontera. Pero en frontera es más común que se utilice el arma de apoyo por las circunstancias que se enfrentan(…), hay situaciones particulares en la zona que nos obligan a tomar algunas previsiones. Durante toda la operación de fronteras los muchachos siempre llevan las armas de reglamento, la pequeña y la de apoyo”, dijo Calderón.
En los operativos participan tanto la Fuerza Pública como la Policía Profesional de Migración, así como los ministerios de Salud; Agricultura y Ganadería; y el de Trabajo; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Según datos brindados por Calderón, se han inspeccionado 250 fincas y empresas agrícolas desde mediados de junio. La cantidad de oficiales en cada una de las fincas depende, por ejemplo, de su extensión.
En las inspecciones participan tanto la Fuerza Pública como la Policía de Migración (foto: Ministerio de Seguridad).
Otras peticiones
Rafael Lizano, presidente de la CNAA, señaló en la posición de la Cámara que pese a que algunos jerarcas del Ejecutivo señalan que más del 80% de las fincas y empresas cumplen a totalidad tanto de las disposiciones sanitarias como con la legislación nacional, otros jerarcas señalan versiones distintas a la prensa.
“Esto ha provocado una satanización hacia varias actividades agropecuarias”, señaló la CNAA.
Asimismo, el sector pidió a las autoridades:
- Que se acorten al mínimo los plazos de cierre de empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, homologándolos al plazo estrictamente necesario para los procesos de desinfección.
- Que se evite el cierre de empresas y fincas agropecuarias por aspectos que no tienen que ver con la pandemia, ni que estén al margen de la ley, con la finalidad de que se genere un apoyo hacia a los agricultores para que puedan seguir operando mientras se ponen en orden sobre cualquier aspecto que así lo requiera.