Sector Turismo halla problemas en propuesta para fondo de avales y clama por un proyecto “eficaz”

La urgente necesidad que la industria nacional del turismo ha manifestado, por la aprobación del proyecto de ley para la creación de un fondo de avales, no impidió que el principal gremio señalará varios problemas con la propuesta que el Gobierno presentó el pasado 4 de febrero.

Una cobertura deficiente, la colonización del préstamo y la posible politización de la ayuda financiera fueron algunas de las observaciones que hizo el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Rubén Acón, en una entrevista con El Observador.

Actualmente, el expediente 22.144, “Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el Apoyo a las Empresas Afectadas por el COVID-19 y la Reactivación Económica” se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Si bien la iniciativa fue anunciada poco después de que comenzó la pandemia en nuestro país, no fue hasta hace diez días que se hizo público su borrador. A pesar del tiempo transcurrido, el Ejecutivo no ha logrado solventar algunas deficiencias, explicó Acón.

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Observaciones

De acuerdo con el texto presentado por el Gobierno, la cobertura ofrecida se establece a partir de una proyección de pérdida del 10%. Sin embargo, el fondo de avales solamente cubriría un 70% de ese total. Eso significa que la entidad bancaria tendría que asumir el 30% restante.

“Ahí empezó el problema. Lo van a examinar con lupa, porque están asumiendo un riesgo del 30%. Los bancos han dicho que si el riesgo es del 20% estarían más tranquilos. Ni siquiera el 100% lo cubre el fondo y eso es una novedad.

“Los fondos de avales en el mundo, si la pérdida estimada es del 10%, se cubre el 10%”, afirmó Acón.

En segundo lugar, el vocero afirmó que la propuesta no establece un orden de prioridad, por lo que las empresas turísticas podrían quedarse por fuera de la ayuda.

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Depreciación del colón

El tercer punto señalado por el jerarca de Canatur es el cambio de moneda del crédito. El pasado 16 de setiembre, el Gobierno firmó un contrato de crédito por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sin embargo, la propuesta es que ese dinero se pase a colones para que ¢180.000 millones de fondos entren a la caja única del Estado, eliminando el fideicomiso que cuidaría los recursos.

“¿Por qué vamos a pasar a colones un préstamo de $300 millones, si la moneda fuerte es el dólar? ¿Por qué se lo vamos a pasar a Hacienda y no a los bancos? Ahí se pierde el efecto multiplicador. Son cosas que uno no entiende”, cuestionó Acón.

Para finalizar, el representante de Canatur explicó que el sector empresarial ve con preocupación la intención del Ejecutivo de monopolizar los nombramientos del Consejo Rector, el cual estaría encargado de supervisar el fondo.

“El proyecto establece que se va a manejar con un Consejo Rector. Son tres ministros y dos del sector privado. Pero resulta que los dos del sector privado los nombra el gobierno. Nosotros insistimos que estos sean de Uccaep. Porque si no, se podría manejar con criterios políticos”, argumentó el vocero.

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Críticas compartidas

Las observaciones realizadas por Acón van en la misma línea de las críticas externadas por el economista, Gerardo Corrales, uno de los principales impulsores de la idea. En una entrevista con este medio, el pasado 4 de enero, el experto adelantó los mismos señalamientos y agregó tres más:

• Revisión técnica: aunque la recomendación técnica es que los bancos presenten sus pérdidas esperadas y se revisen vía Sugef, el plan del Gobierno dejaría los cálculos en el Consejo Rector.
• Sustituye pero no acompaña: el texto no permitiría que el fondo funja como garantía adicional sino que sustituiría otras ya comprometidas como las hipotecas.
• Efecto multiplicador: si se hiciera el depósito en los bancos estatales esto permitiría generar intereses que financien préstamos de capital de trabajo, perdiendo la posibilidad de multiplicar el fondo hasta por 1,8 veces.

Por su parte, el Gobierno asegura que su plan de fondo de avales cubriría al 20% del parque empresarial y a diversidad de sectores.

“Se orienta a empresas afectadas en pandemia, sin importar el tamaño, especialmente de turismo, restaurantes, bares, transporte y comercio”, sostuvo Casa Presidencial.

Este lunes, la diputada por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC e integrante de la comisión de Asuntos Hacendarios, María Inés Solís, informó que el último texto ya había sido enviado a consultar ante las diferentes instituciones de interés.

Esto, con el fin de tener los sustentos técnicos para analizar el proyecto y realizar los cambios necesarios, explicó la congresista en su cuenta oficial de Twitter.