Rodrigo Díaz
Si bien es urgente la creación del fondo de avales y garantías para apoyar a las empresas turísticas afectadas por la pandemia, el proyecto debe someterse a ajustes, pues de lo contrario perderá su efectividad.
Así lo señaló la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) sobre la iniciativa que aún se discute en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Se trata de un fondo por $300 millones que se crearía mediante un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y se estima que permitiría avalar un total de $3 mil millones en créditos para empresas físicas y jurídicas que se han visto afectadas por la pandemia.
El sector turístico está sumamente interesado en su aprobación, pues permitiría que muchas empresas puedan reestructurar sus créditos tras la grave afectación por la situación derivada tras los cierres de los aeropuertos el año pasado y las actuales restricciones para la llegada de visitantes internacionales.
OBSERVE MÁS: Sector Turismo halla problemas en propuesta para fondo de avales y clama por un proyecto “eficaz”
Enmiendas al proyecto
Canatur señaló, en un comunicado, que por la forma en que está redactado el proyecto, este no sería funcional en la práctica. Además, acarrearía costos sociales, económicos y políticos que generán una carga mayor para el país.
“Nos preocupa sobremanera que de este Fondo se viene hablando desde marzo del año pasado y cada día que pasa en discusión o modificaciones de texto, aumenta la posibilidad de que miles de empresas entren en un proceso de cierre. Se pone en riesgo no solo activos dados en garantía, sino el despido de miles de personas que dependen de esta actividad, la cadena de valor que afecta otros sectores y la sostenibilidad de un clúster estratégico que en su momento generó más de $4 mil millones en divisas y que es una fuente de estabilidad social y económica del país”, manifestó, Rubén Acón, presidente de Canatur.
No solo debe financiar. Entre las enmiendas que propone Canatur, señala que el proyecto debe aclarar que el Fondo no solo es para financiar. También debe utiliarse para reestructurar créditos vigentes.
Primordialmente, que se apoye a las personas o empresas de turismo y transportes afectadas por el covid-19. Estos sectores estratégicos atraviesan por un problema de liquidez temporal a raíz de la crisis, y no de solvencia.
Para ello, dichas empresas o personas deberán demostrar que antes del covid-19 tenían un buen comportamiento de pago. Esto se puede demostrar por medio de la Central de Información de Deudores (CIC).
Deben ser complemento. Otro punto importante que debe aclararse es que los avales del Fondo vienen a complementar las garantías existentes, no a sustituirlas. Los intermediarios financieros deben comprometerse a mejorar las condiciones de plazo, cuota, tasas de interés y costos en general de los créditos vigentes. Por su parte, las empresas beneficiarias deben mantener el nivel de empleo en el momento en que reciben el beneficio del aval.
Consejo Rector. De los cinco miembros de este ente, tres son representantes de ministerios y solo dos son externos.
Sin embargo, el nombramiento recae en el Poder Ejecutivo por lo que se cae en un “gran riesgo de politización” del Fondo.
Para Canatur, el consejo debe estar conformado por profesionales con total independencia, y con reconocida experiencia en materia bancaria y financiera. Además, pide que los nombres sean propuestos por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP).
Aumentar porcentaje de cobertura. Según el proyecto, el fondo cubre hasta un máximo de 70% en caso de pérdidas. Esto lo hace poco atractivo para que los intermediarios financieros asuman el riesgo.
“Proponer un aval del 60% o 70% de las operaciones individuales atrasadas, es quitarle efectividad y atractivo al Fondo, con lo cual, en la práctica se corre el riesgo de que se apruebe la ley, pero que nunca funcione, que es lo que realmente interesa” señala Canatur.
OBSERVE MÁS: 6 errores empañan proyecto de avales presentado por el Gobierno
Fondos deben ingresar íntegros y en dólares. Para Canatur, constituir el fondo en colones o que los recursos al Fondo se aporten por tractos en 5 años, hará que no funcione en la práctica.
Los $300 millones del crédito con el BCIE, deben ingresar íntegros al patrimonio del fideicomiso desde el inicio para que tenga un mayor impacto.
Plazo para pérdidas esperadas. Canatur sugiere que no sea más de 30 días después de publicada la ley y que el fondo tenga hasta 15 días para aprobar los avales.
Bajar comisiones. Finalmente, la entidad propone que los honorarios legales se reduzcan en un 90% y que los costos de registro, timbres, impuestos de traspaso y otros ligados con esta cartera avalada se reduzcan a cero. Así se facilitará la formalización de nuevos créditos o reestructuraciones.
Rodrigo Díaz
