Sectores empresariales en contra de impuesto a vapeadores: promovería el comercio ilícito

Ya son varias las voces que se oponen al proyecto de ley que establecería un impuesto de un 40% a vapeadores y cigarrillos electrónicos; impulsado por el liberacionista Luis Antonio Aiza y la oficialista Catalina Montero.

Uno de los principales argumentos de oposición es que un impuesto específico a estos productos detonarían el comercio ilícito, puesto que los consumidores buscarán ofertas a mejor precio.

La Cámara de Comercio de Costa Rica fue una de las que se manifestó en contra de la pretensión de gravar con dicho porcentaje a estos implementos de fumado y se refirió a este como un “impuesto confiscatorio”.

Según Alonso Elizondo, director de la Cámara, nuevos impuestos de cualquier tipo, solo generan desincentivos al consumo y a la producción; efectos completamente opuestos a lo que necesita el país en este momento.

Por su parte, el director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio (OBCI), Jairo Mena, explicó a El Observador que las cargas impositivas a los productos comerciales generan que las personas busquen dichos artefactos con precios más bajos, muchas veces en los mercados ilegales.

Esta acción, dijo Mena, afecta también al Estado con pérdidas directas para la recaudación fiscal; pues ante más impuestos las empresas formales se retiran del mercado.

“Las personas buscan mantener su nivel de consumo, ellos tienen sus gustos o preferencias y lo que van a hacer es buscar alternativas con precios más baratos”, dijo Mena.

Adicional al tema de comercio ilícito, según Elizondo, existen otras irregularidades con el proyecto propuesto:

• Carencia de estudio técnico: “no existe justificación de la tasa impositiva ni del por qué gravar todos los productos por igual (aparato electrónico, accesorios, líquido con nicotina y líquido sin nicotina)”, señaló Elizondo.
• Violación de principios constitucionales: “el proyecto compromete los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad, libertad de empresa, igualdad y el principio de transparencia, regulados en los artículos 45, 33, 11 y siguientes de la Constitución Política”, mencionó.

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La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) también se posicionó en contra del proyecto, pues asegura que el país necesita acciones que incentiven el empleo formal en el país.

“El país, contrario a este tipo de propuestas, requiere de acciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleo para dotar a los costarricenses de mejores condiciones socioeconómicas y optimizar el clima de inversión en Costa Rica”, explicó Carlos Montenegro, Director Ejecutivo de la CICR.

“Si a todos los productos nuevos o que no han sido suficientemente investigados se les aplica un impuesto, esto indudablemente influirá negativamente en la investigación científica y en la innovación”, agregó.

Negociación legislativa

Luis Antonio Aiza, diputado liberacionista y proponente del proyecto, señaló que el porcentaje del 40% se incluyó porque el monto de ¢1.000 de impuesto del que se hablaba no era proporcional para los diversos precios de los vapeadores.

No obstante, comentó que aún resta el periodo de discusión de mociones y que el porcentaje de impuesto será posiblemente uno de los temas que se debatirán en el Congreso.

“En este momento nosotros proponemos un 40%, el Ministerio de Hacienda dijo que ¢1.000 colones no era buena opción, porque si el vapeador costaba ¢250 mil o $100 y el líquido costaba ¢15 mil no era proporcional. Le pusimos un porcentaje para la negociación”, dijo Aiza.

Los recursos que se recauden en virtud del impuesto creado en la ley se girarían de forma mensual a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a afecto de que esta institución los utilice exclusivamente para la compra de medicamentos de alto impacto financiero que sean necesarios para el tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco (cáncer, aparato cardiovascular, problemas pulmonares, entre otros).

A inicios de este año el ministro de Salud, Daniel Salas, había manifestado su apoyo al proyecto para gravar los vapeadores y cigarrillos electrónicos; asimismo, había destacado -al igual que el texto legislativo- que no existen pruebas de que estos implementos colaboren a dejar de fumar.

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Consumidores opuestos

La Asociación Costarricense de Vapeadores (Asovape) también se opone a la iniciativa de ley y reclaman que los usuarios de vapeadores están conscientes que su consumo mantiene riesgos para la salud; pero defienden que son menores que la combustión de cigarrillos.

“Como consumidores informados conocemos que a pesar de que la práctica del vapeo no es identificada como inocua, comprende un riesgo de 95% menor nocividad que el consumo del tabaco combustible, sin dejar de lado que el alza de impuestos en el vapeo provoca un incremento en el fumado directamente”, comentó Jeffrey Zamora, presidente de Asovape.

Esta opinión es adversada en la exposición de motivos del proyecto de ley, la cual indica que no se ha comprobado la premisa de que estos dispositivos sean menos dañinos que el cigarrillo.