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Seguridad no puede desalojar casa venezolana en Los Yoses

La novela alrededor de la anterior residencia venezolana en nuestro país continuará, sin que la propiedad cambie de manos. El…

Por Redacción El Observador

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Seguridad no puede desalojar casa venezolana en Los Yoses
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La novela alrededor de la anterior residencia venezolana en nuestro país continuará, sin que la propiedad cambie de manos.

El Ministerio de Seguridad se declaró “sin competencia legal” para ejecutar un desalojo administrativo de un inmueble propiedad del Estado de Venezuela. Desde noviembre, el Gobierno de Carlos Alvarado pidió que se determinara la legalidad de un posible desalojo.

La propiedad se ubica en Los Yoses de Montes de Oca y es de más de 4.000 metros cuadrados. En enero de este año, la administración del Presidente Alvarado reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”.

Luego en febrero María Faría, embajadora nombrada por Guaidó, tomó la Embajada de Venezuela, en un intento de acelerar un cambio que nunca llegó, pero que sí generó la molestia del Poder Ejecutivo de nuestro país.

Posteriormente la representación diplomática venezolana, reconocida por el Gobierno, presentó una solicitud de desalojo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras el análisis legal, Seguridad concluyó que no tiene los atributos legales para realizar un cambio de este tipo.

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En tribunales

La residencia es hoy un centro cultura. (Foto subida por Guiomar Álvarez N. a GoogleMaps)

“Dicha instancia giró la orden al Ministerio de Seguridad para que procediera a realizar las gestiones legales correspondientes. Luego de someter este caso al análisis del Departamento de Desalojos de su Dirección Jurídica, el Ministerio de Seguridad Pública resolvió que no contaba con la autoridad para resolver esta disputa”, informó este martes.

El viceministro Eduardo Solano explicó que por las circunstancias jurídicas, un desalojo se tendría que dar en un estrado judicial y no en una instancia administrativa, como lo es la institución.

“Hay una disputa de derechos. En los procesos administrativos es un proceso sumerísimo en el cual se determina un derecho ya consolidado. Consideramos que esta disputa debe ser resuelta por un juez”, dijo Solano.

La anterior representación diplomática había cedido la propiedad, mediante una escritura efectuada por un notario público, a un ciudadano costarricense, al que le garantizó el usufructo y la posesión del bien inmueble. El régimen de Nicolás Maduro ordenó hacer un centro cultural, llamado Casa Simón Bolívar, administrado por ticos.

Desde 1992, la casa está registrada a nombre del gobierno de Venezuela. En febrero, el régimen de Maduro la traspasó al exdiputado costarricense Álvaro Montero Mejía.

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