Tomás Gómez
¿Omitió Pilar Cisneros información clave de una sentencia con la que defiende las actuaciones de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia?
Esa es la nueva polémica en la Comisión Investigadora de Partidos Políticos y que este lunes tuvo otro episodio.
La semana anterior, Cisneros expuso la sentencia 2522-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta establecía que hay libertad para las donaciones privadas cuando las candidaturas no se han oficializado.
Tras revisar la sentencia, sin embargo, el Frente Amplio cuestionó que esta no se leyó íntegramente.
El documento establecía que los recursos sí podrían analizarse si se usaron con fines partidarios.
No obstante, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas con pretensiones políticas, aunque éstos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido, con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
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Molestia entre los diputados
La sesión de la Comisión de este lunes recibió a José Coto y a Roger Bejarano -primer jefe de campaña y asesor de temas financieros de Progreso Social Democrático respectivamente-.
Poco antes de terminar la sesión, el diputado frenteamplista Ariel Robles pidió la palabra para preguntar a Cisneros por la jurisprudencia expuesta la semana anterior.
Inicialmente ella respondió con molestia. “Señor diputado le he dado el número mil veces en esta comisión”, dijo. Cuando Robles insistió, Cisneros alegó que no llevó su iPad pero que podría revisar.
En ese momento, Robles procedió a proyectar la oración completa de la sentencia. Justo en ese momento, Cisneros recogió sus pertenencias y se retiró junto a sus asesores. Según el despacho, ya tenían una reunión programada.
Tras la salida, otros diputados dejaron ver su molestia y criticaron los efectos que podría tener la desinformación.
El diputado Robles adujo que si bien la Comisión o las instancias judiciales sí podrían detectar los problemas, el efecto es el impacto social. “La opinión pública cuando cree en alguien, cree, no es culpable la gente por creer en alguien. Quien le manipule es verdaderamente quien es culpable”, dijo.
Vanessa Castro, del PUSC, sumó que pese a los matices políticos se debe mantener la imparcialidad para la investigación. “No somos abogados defensores, tenemos que ser objetivos”, apuntó. “Ella no está aquí para defender las posiciones de un partido político ni para defender las posiciones del presidente de la República”, sumó.
Francisco Nicolás de Liberación Nacional agregó que una situación de este tipo podría redirigir el trabajo.
“Obstruye el proceso de esta comisión y nos hace sesgarnos hacia otras lados donde ellos quisieran estar cómodamente ubicados”, reclamó.
El Observador buscó a la diputada Cisneros pero reiteró que se retiró de la comisión porque tenía una reunión. Por ahora no se refiere a los cuestionamientos de los otros diputados sobre la sentencia del TSE y si ocultó o no información para defender la campaña del PPSD, como le señalan.
