Tomás Gómez
La Corte Suprema de Justicia trasladó a las Comisiones de Género y de Ética y Valores del Poder Judicial una solicitud para revisar las disposiciones sobre la vestimenta de los funcionarios en la institución.
La polémica surge luego de que un empleado recibiera un llamado de atención por el largo de su cabello.
El hombre llevó su reclamo ante el Consejo Superior del Poder Judicial alegando que se estarían afectando sus derechos y que podría modificarse la normativa.
Dado que el Consejo no tiene competencia en el tema, envió el asunto a los magistrados, quienes este lunes debatieron sobre el asunto.
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Según el presidente de la Corte, Fernando Cruz, “la esencia del tema es ver si se hace una reforma”. Con él coincidieron otros altos jueces, quienes respaldaron hacer la revisión.
Damaris Vargas, de la Sala I, indicó que se trata de una “oportunidad de mejora” para las normativas. “Es necesario hacerle una actualización en ese y otros temas”, dijo.
Porfirio Sánchez, de la Sala II agregó, por su parte, que de las comisiones podría salir una propuesta normativa sobre la cual tome la Corte Plena su decisión final.
Finalmente, la vicepresidenta judicial, Patricia Solano, explicó que también se pedirá criterio a la Inspección Judicial para conocer los parámetros existentes y valorar la jurisprudencia que hay del tema.
Empleados de CCSS deberán seguir con el pelo corto
El diferendo por el largo del cabello entre empleados judiciales se suma a otro resuelto por la Sala Constitucional semanas atrás respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Un enfermero del Área de Salud de Sarapiquí interpuso varios procesos ante el alto tribunal, alegando que lo habían regañado por llevar el cabello largo y que ello “lesiona su derecho a la imagen y a la igualdad”.
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Según consideraron los magistrados, las regulaciones sobre el tema datan desde 2007.
“El apercibimiento efectuado al amparado por usar el pelo largo no resulta un acto arbitrario; sino que se funda en una disposición normativa vigente”, fijó la Sala en la sentencia 20710-2021, que rechazó los reclamos.
Eso sí, la votación quedó 4 a 3 y un grupo de magistrados mostró su rechazo a la disposición.
Se trata de Paul Rueda, Nancy Hernández y Marta Esquivel, quienes consideraron también improcedente la regulación de la CCSS.
Ambos recordaron una sentencia del 2019, cuando se sancionó al MOPT por amonestar a un empleado por llevar barba.
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“La Sala señaló que si bien el empleador tiene la potestad de verificar el cumplimiento de los deberes en sus empleados, ello debe hacerse de manera que no afecte irrazonablemente sus derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad”, rememoraron.
Los policías fueron otro de los gremios que recurrió a la Sala IV por las exigencias respecto al pelo y la barba. El Ministerio de Seguridad ordenó quitarse el bigote y la barba como medida de protección contra el covid, disposición que fue validada por el tribunal el año anterior (Presidencia)
