Tomás Gómez
Aunque la Contraloría no autorizó mantener el contrato actual y la búsqueda de un nuevo proveedor puede tardar hasta un año, el Gobierno promete que se mantendrá el uso de las tobilleras.
Así lo aseguró este lunes el presidente Carlos Alvarado, a 19 días de que venza el convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Al mandatario se le cuestionó por el plan para atender a los 1.800 reos que usan tobilleras y cuyo destino es incierto. De manera general, Alvarado aseguró que se mantendría el uso del dispositivo.
“Podemos garantizar a los costarricenses que no habrá ningún inconveniente en materia de seguridad. El uso de la tobillera se mantendrá y la situación con este contrato no va a entorpecer que eso se siga dando”, dijo.
Alvarado insistió en que el Ministerio de Justicia y su jerarca, Fiorella Salazar, tienen un plan para el caso.
Precisamente la semana anterior Salazar rechazó adelantar posibles escenarios, los cuales tampoco fueron presentados por el presidente Alvarado.
La Ministra de Justicia, Fiorella Salazar, expuso la semana anterior algunos detalles sobre el concurso internacional para un nuevo proveedor de tobilleras. Este podría tomar hasta un año y las autoridades siguen sin describir los planes temporales que tendrán (Tomás Gómez/El Observador)
Tobilleras de la polémica
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles estuvo marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiarían mediante el BID pero luego se recurrió a prespuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron RACSA y la ESPH, ganado la segunda.
Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustuir al proveedor tercerizado.
Desde el 2019, la gestión de la exministra Marcia González arrancó el proceso para el contraro internacional. Con el cambio a la nueva jerarca, sin embargo, se frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
El proceso se dilató y no fue hasta la semana pasada cuando se lanzó el nuevo cartel.
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La presión surge pues el contrato actual vence el 27 de febrero y aunque se pretendía una prórroga la Contraloría rechazó tanto la extención como la apelación.
Así, el escenario queda marcado por la incertidumbre, a la vez que avanza una investigación judicial por las negociaciones con la ESPH, donde figuran exdiputados, exmagistrados y otros cargos de alto nivel.
Hasta setiembre anterior, Justicia había pagado $24,1 millones a la ESPH por el sistema de tobilleras (MJP)
