Paulo Villalobos
Un sindicalista es investigado, tanto penal como administrativamente, porque supuestamente “encerró” al jefe de Lavandería del hospital Monseñor Sanabria. El motivo habría sido que el último se negó a manifestarse contra la reforma fiscal en setiembre pasado.
Se trata de un hombre de apellidos Garita Barrantes, delegado de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) en dicho centro médico. Así lo confirmó a El Observador el encargado de prensa de la organización de trabajadores.
El sujeto, de 58 años, figura en el expediente 18-001592-431-PE, junto a otra persona de apellidos Garita Garita, quien no labora en el centro médico.
La pesquisa se inició por una aparente privación de libertad. Ese delito está contenido en los artículos 191 y 192 del Código Penal. Para ello dispone de penas de entre 6 meses y 10 años de cárcel, sujetas a circunstancias que la Fiscalía Adjunta de Puntarenas no detalló.
El caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada para terceros del proceso, según lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Conocimiento público
Sin embargo, los hechos se mencionaron el 14 de agosto de 2019 durante una conferencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El presidente de la organización, Gonzalo Delgado Ramírez, señaló en esa oportunidad que conocía de una denuncia “interpuesta por un trabajador del hospital de Puntarenas, a quien privaron de su libertad al negarse a participar de una huelga”.
Lo anterior al criticar un acuerdo entre la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus sindicatos, para levantar una huelga de una semana, que obligó a cancelar miles de citas médicas.
No obstante, el empresario no mencionó que la queja se refería a las protestas que las organizaciones de empleados públicos emprendieron contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicos.
Esas manifestaciones iniciaron el 10 de setiembre de 2018 y culminaron 85 días más tarde. Esto cuando el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó el proyecto 20.580, que se aprobó horas antes en la Asamblea Legislativa.
Delgado indicó entonces que ese tipo de actuaciones son “repudiables”. Además, pidió que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), analice esas situaciones, al amparo del artículo 350 del Código de Trabajo, que establece los causales para la disolución de los sindicatos.
Investigación interna
El hospital de Puntarenas confirmó que Garita Barrantes aparece en un procedimiento administrativo.
El centro médico aclaró que no se referirá al caso debido a que el mismo se encuentra en la fase de investigación.
La entidad justificó la confidencialidad en el criterio C-114-2013 de la Procuraduría General de la República (PGR), del 25 de junio de 2013 a la Sala Constitucional.
“Durante la investigación preliminar la información resulta totalmente confidencial, en la tramitación del procedimiento administrativo será confidencial para terceros pero no para las partes, y con la resolución final, la información se convierte en accesible por el interés público existente”, citó el Hospital en su respuesta a este medio.
Paulo Villalobos
