Marco Marín
El próximo jueves, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, se presentará ante los jueces del I Circuito Judicial para rendir una declaración de indagatoria por una investigación que se sigue en su contra.
Para ese mismo día, el ente que preside está organizando una nueva protesta. Así lo anunció la organización por medio de un video que hizo circular por redes sociales y mensajes de Whatsapp, este sábado.
En el, Walter Quesada y Lorena Chavarría, miembros de la junta directiva, hicieron el llamado a sus agremiados para manifestarse, en contra del proceso que se sigue contra el líder sindical.
“Convocamos a nuestra dirigencia sindical de bases. Además, convocamos también a organizaciones sociales amigas, para que se hagan presentes ese día, 24 de octubre, desde las 7:30 a. m., en la Plaza de la Justicia”, afirmó Chavarría.
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Causa en contra
Vargas es investigado por el Ministerio Público, ya que figura como sospechoso de cometer el delito de instigación a la violencia pública. Esto, luego de que se viralizó un video donde llamó a paralizar el país mediante el cierre de calles y fronteras.
“La tesis de paro nacional es correcta. Un gran paro nacional, pero de verdad. Cerrar las fronteras, cerrar la (ruta) 27, cerrar la (ruta) 32, cerrar Ochomogo (en Cartago)… hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, dijo el dirigente.
El sindicalista hizo las afirmaciones durante un evento de la Mesa Social Multisectorial, celebrada en la Conferencia Episcopal.
Por esta razón, el Movimiento Ciudadano CR y los juristas Gloria Navas y Rubén Hernández presentaron la denuncia contra Vargas. La abogada considera que se llamó a romper la tranquilidad pública mediante la instigación.
Según el artículo 280 del Código Penal, la instigación pública se considera delito y conlleva una pena de cárcel que va de los seis meses a los cuatro años.
En Costa Rica, los cortes de vías públicas son un delito, según lo establece el artículo 263 bis del Código Penal. Dicha norma castiga con entre 10 y 30 días de prisión a quien obstruya “el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes”.
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Marco Marín
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