Mariana Mena
Los sindicatos de salud anunciaron una coalición para luchar por la aprobación del ajuste salarial de 62.000 trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Además, aseguran que es un acuerdo en firme y se aprobó mediante la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público desde el 17 de diciembre del 2019.
“Tiene contenido presupuestario y la base jurídica es sólida, el Gobierno está haciendo una provocación peligrosa y más si continúa violentando la autonomía constitucional de la Caja.
“Es el acuerdo de la Comisión Negociadora el pilar fundamental jurídico de esta deuda salarial que sale desde el código de trabajo”, expresó Albino Vargas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
La polémica continúa luego de que el lunes en sesión extraordinaria de la Junta Directiva, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel aplazó la discusión del aumento.
“La Junta Directiva a través de los representantes del Gobierno pretenden suspender el ajuste salarial, este jueves en sesión no se discutirá, será hasta el 6 de octubre.
“Compañeros estén atentos a nuestro llamado para defender lo que es legal, justo y dignifica a la clase trabajadora, nuestros salarios”, fustigó Lenin Hernández del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).
De acuerdo con Hernández para lograr posponerlo se basaron en el artículo 26 del Reglamento interno de la Junta Directiva.
¿Qué dice la CCSS?
Este martes la presidenta ejecutiva de la CC señaló que se mantiene el acuerdo, pero el incremento regirá hasta que se compruebe que cumple con la ley.
“Vamos a relegar el efectivo pago hasta que se cumpla con la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) que es de obligatorio cumplimiento. Hay sanciones disciplinarias para quien rompa la Regla Fiscal y es competencia de la Contraloría General de la República.
“Nosotros hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda donde nos señala que la CCSS no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar regla fiscal en materia salarial”, expresó Esquivel.
Polémico incremento
El pasado 8 de setiembre la Junta Directiva aprobó el aumento salarial que estaba pendiente desde el 2020.
Sin embargo, esta decisión le costó el puesto de presidente ejecutivo a Álvaro Ramos, cuando el mandatario Rodrigo Chaves lo destituyó por apoyar el aumento.
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El pasado jueves 15 de setiembre Chaves expresó, “La Junta Directiva tiene que revisar si cometió un error. Yo conozco la ley de responsabilidad fiscal y se exponen a la destitución”.
Por otra parte, la junta directiva de la CCSS recibió una moción que pretende enviar a consulta ante la Contraloría General de la República el acuerdo.
El directivo Adrián Torrealba confirmó a El Observador que dicha moción consiste en preguntarle al ente contralor si aplica la regla fiscal a la CCSS, en el área salarial.
Si bien la polémica entre los sindicatos y el Gobierno inició a raíz de la aprobación del aumento, el Ejecutivo tardó más de un mes en nombrar los representantes en la CCSS.
Incluso durante la emergencia por causa del ciberataque la Junta no tuvo injerencia en las decisiones por falta de nombramientos.
Pero este lunes 26 el Gobierno nombró al representante que faltaba para el quórum estructural, Juan Ignacio Monge Vargas y llamaron a sesión extraordinaria.
