Paulo Villalobos
Siete organizaciones laborales sostendrán un encuentro a más tardar inicios de la otra semana, en el que discutirán una reducción de ¢2.543 millones en el presupuesto del Poder Judicial.
En esa reunión, la Coalición Sindical evaluará el anuncio de recorte hecho este martes por el Ministerio de Hacienda, ante la negativa de la Corte Plena de aplicar las modificaciones previstas en el título de remuneraciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La cita la confirmó a El Observador el secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), Jorge Morales.
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A ella asistirán los sindicatos del Ministerio Público (Simipu), de la Defensa Pública (Sindepu), de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) así como de Profesionales y Técnicos en Contabilidad y Fines (Asprotecof).
También las asociaciones Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) y Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
Hasta ahora, el juez desconoce el día en el que se realizará el encuentro.
Afectación a los usuario
“Hay varios temas pendientes, verdad. Tenemos mucho en agenda porque tenemos bastante qué discutir y hablar. Pero, fundamentalmente, ahorita se nos vino esta situación de la reacción del Ministerio de Hacienda.
“Nos sorprende porque esto va a ocasionar una gran afectación a los usuarios. El recorte del Poder Judicial en esa cantidad de millones implica que va a haber que priorizar algunos servicios. Y, naturalmente, eso va a repercutir en quienes usan el servicio del Poder Judicial”, dijo Morales.
El recorte informado por Hacienda primero será puesto en conocimiento de la Coalición Sindical. Luego se valorarán “acciones concretas” que, a criterio del secretario general de Sindijud, no necesariamente serían huelgas.
Desde su visión personal, el decisor mencionó la necesidad de hacer una campaña de comunicación para informar a la población y la elaboración de una propuesta de priorización para presentarla al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
Según un comunicado de prensa circulada por la Casa Presidencial, la disminución afectará una partida que los magistrados solicitaron para financiar “juzgados anticorrupción”.
No obstante, el presupuesto de esta institución no es autónomo, sino que depende de los recursos que le asigne Hacienda. Lo que sí queda a criterio interno es la asignación de los dineros.
Paulo Villalobos
