Paulo Villalobos
La designación de Jesús Ramírez como presidente de la Sala de Casación Penal, o Sala Tercera, no cayó bien a los funcionarios judiciales.
Por eso, tres organizaciones de trabajadores pidieron a la Corte Plena dejar sin efecto su nombramiento y, consecuentemente, elegir a otro magistrado; mientras que la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) le pidió al juez que se negara a aceptar el cargo.
Esto a raíz del historial que arrastra el alto decisor:
- Acciones que favorecieron la penetración de los intereses del crimen organizado en el Poder Judicial, que le fueron atribuidas por la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa en 1988 (primero de sus cinco periodos como magistrado).
- Suspensión de dos meses sin goce salarial en 2018, al incurrir en una falta grave por al desestimar, sin valorar insumos probatorios aportados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una causa seguida contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales, por sus supuestas participaciones en el caso del cemento chino.
Dichos antecedentes impedirían a cualquier empleado de acceder a un nombramiento, a criterio de los sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y de la Judicatura (Sindijud), así como de la Asociación Nacional de Investigadores en Crimininalística (ANIC).
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“Resulta evidente que, si se tratara de la designación de cualquier otro funcionario judicial para un cargo, se habría sopesado la existencia de la sanción impuesta específicamente en el ejercicio de la función, lo que le habría inhibido a acceder a dicho nombramiento y, ese es precisamente el caso del magistrado Ramírez”, indicaron los gremios a los magistrados en un oficio recibido el pasado domingo en el Sistema Integrado de Correspondencia de la Secretaría General de la Corte Plena.
No obstante, los hechos descritos no fueron impedimento para que la Sala Tercera eligiera —por unanimidad— al experimentado juez como su nueva cabeza el pasado 17 de enero de 2020.
La designación es por un periodo de cuatro años y se da luego de que los diputados completaran —dos días antes— los tres nombramientos que tenían pendientes tras el remezón del cemento chino, con la destitución de Celso Gamboa así como la acelerada jubilación de Carlos Chinchilla y Doris Arias.
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En vista de lo anterior, las organizaciones laborales pidieron al órgano superior del Poder Judicial descartar la designación del magistrado en la presidencia del tribunal, y ejercer las competencias que le dota el artículo 162 de la Constitución Política:
La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, de la nómina de magistrados que la integran. Asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y por el tiempo que señale la ley
Los magistrados romperían con una técnica que hoy estila, en la cual cada tribunal elige como presidente al juez que más tiempo tiene de pertenecer a él (que contempla el artículo 32, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y es después ratificado por la Corte Plena.
“Instamos a la Corte a que, conforme a la competencia constitucional que le da el 162, se deje sin efecto lo que consideramos un acuerdo ilegítimo como lo es designar a don Jesús Ramírez, por parte de la sala y que como Corte rectifiquen esa situación y valoren dichos antecedentes que hacen, para nosotros, improcedente ese nombramiento”, manifestó a El Observador el secretario general del Sindicato de la Judicatura, Jorge Morales.
“En este caso nosotros les decimos que no (al trámite ya acostumbrado). Aquí no procede ratificar el nombramiento, más bien lo que sigue es que sea la Corte Plena la que designe una persona diferente de don Jesús Ramírez. Todos los demás pueden ser, pero don Jesús, por la sanción que tiene en firme y que incluso la purgó, no puede ser el presidente de la Sala Tercera”, añadió el dirigente gremial.
“Mal mensaje”
El secretario general del Sindicato de la Judicatura, Jorge Morales, explicó que las señales emanadas de la Sala de Casación Penal con la elección de Jesús Ramírez como presidente, resultan incomprensibles, en momentos en los que el tribunal pide a gritos un cambio.
“Poniendo al frente de una Sala — que debe juzgar a la clase política — a una figura señalada y cuestionada, transmite que a los Magistrados no les importan los recientes y vergonzosos hechos que costaron el puesto a casi la totalidad del alto tribunal. El mensaje es claro: pase lo que pase todo seguirá en picada”, indicó la organización de trabajadores por acuerdo de su Junta Directiva.
https://www.facebook.com/notes/sindijud-poder-judicial/el-nuevo-presidente-de-la-sala-tercera-una-oportunidad-de-transparencia-fallida/2523351564600227/
En su entrevista con este medio, el dirigente mostró mayor preocupación porque la decisión fuese respaldada por Álvaro Burgos, Gerardo Alfaro y Sandra Zúñiga, los tres miembros más recientes del órgano de casación.
“Este sindicato exige — vehementemente — explicaciones claras y concretas a los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quienes de conformidad al artículo 11 de la Constitución Política deben rendir cuenta de sus actos. Deben explicar por qué después de los señalamientos de corrupción judicial, eligieron al más cuestionado de los miembros de la Corte”, prosigue el comunicado del gremio.
La Asociación de la Judicatura fue más escueta, aunque apuntó directamente a Ramírez.
“Dada la profunda preocupación que aqueja a la población judicial por el delicado momento que atraviesa el Poder Judicial, debido a ataques estructurales sin precedentes de parte del poder político, tendientes a absoluto debilitamiento, instamos al magistrado Jesús Ramírez para que dadas las implicaciones de este nombramiento, reconsidere y no asuma la presidencia de la Sala de Casación Penal, por estar pendiente una investigación penal en la que figura como denunciado.
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“Lo anterior tomando particularmente en cuenta que la Sala Tercera es el máximo órgano que resuelve esos procesos contra miembros de los supremos poderes. Por las mismas razones, se insta al resto de la integración de esa sala a revisar dicho acuerdo”, señaló la organización gremial, también por acuerdo de su Junta Directiva.
El Observador remitió a Ramírez, mediante la oficina de prensa del Poder Judicial, una serie de consultas sobre los pronunciamientos y peticiones gremiales, pero al cierre de esta publicación, las mismas se encontraban en trámite.
Magistrado inamovible
Jesús Ramírez en su más reciente reelección. (Asamblea Legislativa)
Jesús Ramírez, de 77 años de edad, es oriundo de Paraíso de Cartago.
Acumula 35 años aferrado a su cargo de alto juez de la Sala de Casación Penal, después de haber sorteado cuatro procesos de reelección.
El primero se dio en 1993. Entonces estaban frescos los señalamientos que le hizo la Comisión de Narcotráfico, que incluso llevaron al entonces presidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994), a manifestarse en contra de su continuidad.
Pese a ello, el Congreso se quedó a un voto de descartar a Ramírez.
Ocho años después, en el 2001, los votos en contra tampoco alcanzaron para su destitución. Los 29 rechazos quedaron lejos de los 38 obligatorios.
Y en 2009 la falta de un procedimiento por parte de los diputados permitió la reelección automática del cuestionado juez.
Ramírez se enfrentó por última vez al control legislativo en el 2017 y logró salir airoso.
La Comisión de Nombramientos evitó — en ese momento — convocarlo para que defendiera su candidatura. En el Plenario 28 diputados lo respaldaron, frente a 22 que rechazaron su quinto periodo.
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Paulo Villalobos
