Josué Alvarado
El grupo de instituciones públicas encargadas de la vivienda y el ordenamiento territorial en Costa Rica han “devenido paulatinamente hacia un sistema cada vez más lento, obsoleto y poco competitivo”.
Dicho sistema está compuesto por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi). También se unen a este grupo las municipalidades.
Esa es una de las conclusiones que hace el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2022: Expectativas y desafíos desarrollado por profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio Federo de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la fundación Gestionando.
Reforma integral
Una de las conclusiones del informe es que el sector público ligado a la vivienda necesita una reforma integral debido a problemas estructurales que se han generado debido a la falta de articulación entre las instituciones y demás actores.
“Lo anterior ha dado como resultado una reducción de la eficiencia y eficacia de gran parte de las acciones realizadas por las instituciones que los conforman, generando duplicidades en cuanto a su estructura organizativa, funciones y áreas de impacto”, indica el documento.
(Josué Alvarado | El Observador).
El estudio detecta que existe un marco legal institucional “confuso y deficiente” y una escasa vinculación entre las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda.
También señalan que la inexistencia de una ley orgánica constitutiva del Mivah, lo que impide que estén definidas sus competencias.
Y además de la drástica reducción en la entrega de Bonos Familiares de Vivienda (BFV), no existe un portafolio de oferta de vivienda social, que es dirigida a la población con menos recursos de Costa Rica.
“El sistema actual trabaja contra demandas (que es determinada por las empresas constructoras y las entidades autorizadas)”, señala el documento.
La reforma propuesta
A través de un proceso de consultas, conversatorios y entrevistas los profesionales a cargo de este informe brindaron una serie de recomendaciones para reformar el sistema de vivienda público de Costa Rica.
Una de las posibilidades es integrar el Mivah y el Invu, de tal forma que se aprovechen elementos de la ley orgánica del instituto, la cual califican de “visionaria”.
“Aplicaría la analogía que existe en el Ministerio de Turismo, en donde el presidente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) asume la función de ministro (a) y funciona como única organización del sector”, señala el documento.
El ministerio de disolvería a través de un decreto.
Por otro lado, quien ocupe la presidencia del INVU también deberá presidir el Banhvi, lo que actualmente está prohibido por ley.
El objetivo sería que se logre articular “la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a nivel nacional y local, y la gestión del hábitat y la vivienda, con la asignación de recursos del crédito de segundo piso, el subsidio y los mecanismos de promoción del ahorro”, señala el documento.
El informe destaca que los avances en vivienda no solo se miden en ese ámbito, si no que impacta también en otros como el de la seguridad ciudadana y la salud de las personas, por lo que el camino es el de revitalizar y optimizar los procedimientos relacionados al sistema.
