Paula Ruiz
Solo 38 de los 1.309 empleados públicos que recibieron el Bono Proteger, devolvieron el dinero después de la orden emitida por el Gobierno.
Esto permitió la recuperación de ¢5 millones, cifra muy lejana a los ¢160 millones que el Poder Ejecutivo pretendía.
La información se desprende del informe emitido este viernes por Marta Esquivel, ministra de Trabajo.
La jerarca destacó en el documento que la cifra podría aumentar a 88 trabajadores reunidos en nueve instituciones desde donde abrirían un proceso disciplinario.
“Por otra parte, 17 instituciones declararon que en dicha lista existían individuos que ya no se encontraban laborando para el Estado; un total de 99 personas que fueron reportadas como exfuncionarios y que tuvieron que ser trasladadas al órgano recuperador para la gestión de cobro”, señaló el Ministerio.
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“En el informe también se explica que hubo instituciones que alegaron que no era de su competencia realizar dichos cobros, por lo que se tuvo que trasladar un total de 78 personas de esta lista al órgano recuperador”, continuó.
Adicionalmente, el informe detalla que la mitad de las instituciones involucradas no respondieron a la solicitud del ministerio por lo cual, procederán a realizar la gestión de cobro por la vía ordinaria.
El Gobierno de Rodrigo Chaves decidió realizar estas acciones dado que el otorgamiento de este beneficio era exclusivo para personas afectadas por la pandemia, particularmente del sector privado quienes se vieron afectadas por despidos o reducción de jornada de trabajo.
Contra la empresa
La ministra informó que buscan tomar acciones contra la empresa Continum Data Center, encargada de la plataforma del Bono Proteger.
Esquivel manifestó que este viernes enviaron una consulta a la Contraloría General de la República para determinar si pueden proceder con responsabilidad civil o penal contra la compañía.
“Para que sea ésta (la Contraloría) la que defina si se debe proceder con acciones legales en contra de dicha empresa y si existen un posible conflicto de intereses, por la participación del Sr. Lachner Castro, titular de la empresa que donó la plataforma, en el programa Empléate, donde también figura como representante de otras empresas inscritas como centros de formación”, afirmó Trabajo en un comunicado de prensa.
Finalmente, el Banco Popular devolvió ¢2.500 millones a Tesorería Nacional. Estos dineros estaban depositados en cuentas de esa entidad desde el año 2020, pero no habían sido retirados por personas que solicitaron este beneficio.
El Bono Proteger otorgó durante tres meses el monto de ¢125.000 a personas despedidas o con reducción de jornada superior al 50%, mientras que los afectados con reducción de jornada menor a 50% podían optar por un beneficio mensual de ¢62.500.
